lunes, agosto 20, 2018
Ya no va más la Ley 550 en la Alcadía de Barranquilla. Acreedores a cobrar sus acreencias

La Alcaldía de Barranquilla que en estos momentos debe más de 2 billones de pesos a sus acreedores, suma de dinero que va en aumento día a día por los intereses de mora que esto genera, al parecer llegó a su final desde el pasado mes de febrero, al ponérsele punto final a la Ley 550, la cual venía funcionando desde la administración de Humberto Caiaffa Rivas.

Lo anterior se desprende luego que LA UNIDAD INVESTIGATIVA de LA LIBERTAD, pusiera el dedo en la llaga, al conocer cómo se desangra el Distrito de Barranquilla con el pago millonario de dinero por concepto de intereses moratorios de las centenares de cuentas sin pagar a los acreedores.

Según algunos acreedores, el distrito de Barranquilla no cancela sus deudas por encontrarse en Ley 550, la cual fue renovándose o postergándose durante las administraciones de los alcaldes Humberto Caiafa Rivas, Guillermo Hoennisberg y Alejandro Char.

Pero no todo termina allí, hay cuentas por pagar que debieron incluirse en la Ley 550 y estas no fueron tenidas en cuenta por quienes en su momento debían hacerlo en la Secretaría de Hacienda Distrital, lo que ha generado otro problema mayúsculo.

Deudas entre alcaldías

LA UNIDAD INVESTIGATIVA encontró que la alcaldía de Barranquilla le adeuda a la alcaldía de Soledad más de 16 mil millones de pesos en impuestos, deuda que empezó en 1998 con la suma de 2 mil millones de pesos, pero por no cancelarse oportunamente, los interese moratorios la ha llevado a esa suma exorbitante, que entre otras cosas no se hace efectiva por tratarse de alcaldías del mismo movimiento político: Cambio Radical.

Claro que no se necesita ser versado en matemáticas o finanzas, para saber cuánto podría avanzar un municipio con inversiones que superan los 16 millones de pesos, pero como decían folclóricamente las abuelitas, “cucarachas del mismo calabazo” para significar que allí no pasaría nada porque ellos se entienden entre sí, bajo las directrices del mismo jefe político.

Con sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, cuyo ponente es el magistrado Luis Eduardo Cerra Jiménez, bajo el radicado 08001-23-31-001-2005-02932-00C, de fecha noviembre 02 de 2011, en la cual el municipio de Soledad, Atlántico, demandó a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones, EDT, en liquidación, Nación Superintendencia de Servicios Públicos-Distrito de Barranquilla- Batelsa y Colombiana de Telecomunicaciones S.A. ESP Telecom, mediante acción de nulidad y restablecimiento de derecho, en la cual se obliga a pagar al municipio de Soledad el valor del impuesto de Industria y Comercio, correspondiente a los periodos gravables de 1998 hasta abril de 2003, por valor de $2.665.593.589 (dos mil seiscientos sesenta y cinco millones quinientos noventa y tres mil quinientos ochenta y nueve pesos) más los intereses moratorios desde que se hizo exigible la obligación, causados por entonces empresa EDT.

Sin embargo esta decisión judicial fue apelada y el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta con ponencia de la consejera ponente Carmen Teresa Ortiz Rodríguez, de fecha 30 de abril de 2014, fue confirmada.

Según pudo conocer LA UNIDAD INVESTIGATIVA, estas sentencias debieron incluirse en la famosa Ley 550 que adelantaba el Distrito, pero no fue así, incurriendo en una irregularidad donde la Procuraduría General de la Nación debía hacerle el seguimiento por lo que se podría decir que estaríamos frente a un presunto delito de prevaricato.

La demanda

Con fundamento en el Acuerdo No.041 de 10 de diciembre de 1998, (Artículos 28, 36 y 38) que gravó con el Impuesto de Industria y Comercio la prestación de servicios públicos domiciliarios en la Jurisdicción municipal de Soledad, la Secretaría de Hacienda del mencionado municipio profirió emplazamiento para declarar al contribuyente, Empresa Distrital de Telecomunicaciones, EDT, por la prestación de un servicio público domiciliario por los años gravables 1998 a 2002.

Ante la omisión y falta de respuesta al emplazamiento expedido, la administración municipal de Soledad profirió liquidación de aforo, mediante resolución No.002/03 de agosto 22 de 2003, a favor del municipio y a cargo del contribuyente EDT.

Según se pudo conocer, este acto administrativo fue notificado en debida forma al representante legal el contribuyente, vía correo especializado Servientrega, Guía No.734723698 de agosto 26 de 2003, tal como lo prevé el artículo 565 del Decreto 624 de 1989.

De acuerdo a lo que reza en la demanda, el contribuyente guardó silencio frente a esta actuación y no hizo uso de los recursos en vía gubernativa, razón por la cual dicho acto administrativo quedó en firme. De igual forma tampoco acudió ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a demandar ese acto.

Es de indicar que la EDT de manera voluntaria presentó la declaración privada de Industria y Comercio para los años gravables 2000, 2001, 6 bimestres de 2002, 6 bimestres de 2003 y 6 bimestres de 2004, es decir, reconoció su condición de sujeto pasivo de esta liquidación, pese a que ya existía un fallo del Consejo de Estado.

Posterior a ellos la Superintendencia de Servicios Públicos mediante resolución No.001621 ordenó la liquidación de la EDT, publicando aviso para convocar a los acreedores para hacer parte del proceso liquidatorio y en donde ingresa el municipio de Soledad a cobrar lo suyo, el 21 de junio de 2004.

Ley 550 finalizó. Proveedores a reclamar sus acreencias

Informaciones obtenidas por LA UNIDAD INVESTIGATIVA, advierten que la Alcaldía de Barranquilla en reiteradas oportunidades le ha manifestado a varios acreedores que sus pagos no se han hecho efectivo por encontrarse dentro del acuerdo de Reestructuración de Pasivos, es decir dentro de la Ley 550, situación que no les permite llevar a cabo los pagos, por lo que deberían esperar y no se sabe hasta cuándo.

Sin embrago encontramos que de acuerdo a lo manifestado por la Directora General de Apoyo Fiscal, Ana Lucía Villa Arcila, desde diciembre de 2017, finalizó o se acabó ese sofisma de distracción que aun sigue vigente en la cabeza de algunos funcionarios, que la ley 550 aun sigue operando.

LA UNIDAD INVESTIGATIVA encontró un documento del Ministerio de Hacienda que textualmente dice: “De acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado entre el Distrito de Barranquilla y sus acreedores, y la interpretación del Comité de Vigilancia en relación. Al plazo máximo para el pago de acreencias atendiendo las proyecciones del Escenario Financiero, informamos que la vigencia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado entre Distrito de Barranquilla y sus acreedores terminó el pasado 31 de diciembre de 2017”, sin embargo no le cancelan a estos acreedores.

De igual manera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público certifica que en el registro de inscripción relativa a los acuerdos de reestructuración de pasivos que se lleva a cabo en esta dependencia de conformidad con el numeral. 16 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, encontró formalizada. La inscripción de fecha 22 de febrero de 2018, la terminación del acuerdo en mención de fecha 31 de diciembre de 2017, solicitado por Leyi Andrea Pérez Limas, en tres folios, bajo el Número 52502127, expedido el 9 de julio de 2018, firmado por Ana Lucía Villa.

CON LO ANTERIOR QUEDA DEMOSTRADO EL ENGAÑO QUE LE TIENEN A ALGUNOS ACREEDORES.

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