lunes, agosto 20, 2018
Otra grosería en la Vía de la Prosperidad, un negocio tan bueno que cada quien quiere ir por su tajada

Mediante documento Conpes No. 3742, de abril 15 de 2013, el gobierno nacional, ante los altos niveles de pobreza acentuados en el Departamento del Magdalena, consideró de alta importancia superarlos, con el propósito de reducir los desequilibrios sociales y mejorar la calidad de vida de la población, en razón a ello, definió la obra para el mejoramiento de la vía Palermo- Sitionuevo-Remolino- Guáimaro, en el Departamento del Magdalena, como un programa de infraestructura vital, la cual, fue debidamente adjudicada por medio de la licitación pública LP- DM-07-2012, convirtiéndose en un proyecto multipropósito y de solución vial para las poblaciones ubicadas en la margen derecha del río Magdalena y su área de influencia, así como una solución definitiva para el manejo de los recursos hídricos de la región, protegiendo a sus habitantes de eventuales inundaciones, que dejaron, como consecuencia del fenómeno de la niña en los años 2010 y 2011, a 67.604 familias damnificadas, 30.582 viviendas averiadas o destruidas y pérdidas cercanas a los 315.000 millones de pesos en los sectores agrícola y pecuario, además, la intervención de la vía debía promover la integración y el desarrollo de la región y contribuir en la habilitación de aproximadamente 52 mil hectáreas, para la productividad ganadera y agroindustrial que actualmente constituyen el potencial de los municipios del área de influencia directa del proyecto en su primera etapa.

A pesar de lo anterior, desde la adjudicación del contrato, el Instituto Nacional deVías -INVÍAS-, sistemáticamente ha hecho lo imposible para que la obra no se ejecute como se programó, primero, dando por terminado unilateralmente el Convenio de Cooperación 649 de 2013, por medio del cual, aunaría esfuerzos financieros con el Departamento para conjuntamente destinar recursos para la ejecución de la obra, segundo, instauró una acción de tutela para que la resolución de adjudicación del contrato se dejara sin efecto, y, tercero, demandó, ante el Tribunal Administrativo del Magdalena la nulidad del contrato, se destaca que, en los tres procesos relacionados con estas acciones, todas las sentencias han sido falladas en contra del Instituto, sin embargo, lamentablemente estas produjeron una parálisis de los trabajos por alrededor de dos años, atraso cuya exclusiva responsabilidad es del Invías.

Adicionalmente, a lo anterior, el Instituto fue el encargado de realizar los estudios y diseños para la obra, los cuales, entregó al Departamento en Fase 3, es decir, listos para que esta fuese licitada y contratada, por lo cual, el contrato se adjudicó con base en estos; ya en el terreno, la ejecución de la obra develó que dichos estudios y diseños estaban desactualizados, razón por la cual, hubo la necesidad de ajustarlos a las exigencias y necesidades reales de la vía, en partes a mejorar y en otras a construir, considerando que de haberse construido con base en los ellos, el trazado de la vía reconstruida sería el entonces existente, es decir, al borde del no, lo cual, generaba el riesgo de ser destruida por súbitas crecientes, por ello, su trazado original debió ser alejado a 700 metros de la ribera y aumentarle el material de base y subbase para convertirla en vía dique, lo anterior, conllevó a que el valor pactado en el contrato para construir 52.5kilómetros, por más cantidades de obra, finalmente alcanzara para ejecutar 26 kilómetros del tramo Palermo y Sitionuevo. Respecto a su ejecución, se resalta que en el mes de mayo del presente año el director del Invías, Ingeniero Carlos García Montes, manifestó su absoluta complacencia con los avances, cuando señaló que el contratista estaba cumpliendo con el cronograma, ya que estaba por encima de la meta programada, señalando, además, que el 30 de junio se entregan las obras del puente del Caño Clarín.

A pesar de la satisfacción, ¡Oh Sorpresa!, resulta que entre la entidad contratante, Departamento del Magdalena, y el contratista, Consorcio Ribera Este, se suscribió un otro sí al contrato, por medio del cual, con el aval del Invías, redujeron el alcance del objeto del contrato, con la finalidad de que el contratista no ejecutara las variantes de la vía y otros tramos de la misma, por un valor de 109 mil millones de pesos, obras que, adviértase, serán nuevamente licitadas y contratadas por el Departamento, pero, conel agravante que esto se hará a precios de 2018, cuando el contratista ya está comprometido y obligado contractualmente a ejecutarlas a precios del año 2012. Lo anterior, es un aberrante hecho que para la administración pública resulta ser inmoral, y para la defensa del patrimonio público es más que lesivo, porque, contra todas las normas legales que rigen la contratación estatal, es un hecho notorio que el objeto de un contrato es intocable, incluso, desde que este se ha definido y descrito en el pliego de condiciones, el cual, según jurisprudencia del Consejo de Estado, es invariable, por la sencilla razón que de aceptarse así se podrían lesionar los derechos de los proponentes vencidos en la licitación pública, porque, premeditadamente, entre la entidad y el contratista vencedor, se puede acordar licitar un contrato, a sabiendas que este no lo va a poder cumplir en la forma prevista en la licitación pública y en el contrato mismo.

Respecto a lo anterior, el júbilo del director del Invías con tal decisión y el de las autoridades del Departamento del Magdalena son inocultables, toda vez que, para su satisfacción, van a abrir otra licitación pública para recontratar una obra que fue adjudicada y contratada en debida forma, tal y como la justicia lo ha señalado, con el agravante que su valor necesariamente será incrementado, porque los precios deberán ser ajustados a los actualmente vigentes, a pesar que ya estaba contratada para ejecutarse a precios del año 2012, aún cuando la obra ha alcanzado un avance del 80 por ciento, no obstante, van a contratar una vez más el 20 por ciento restante, indudablemente que esto será un muy buen negocio, pero no para los habitantes del Departamento del Magdalena.

Es tan buen negocio, que el deseo de que se haga ha desplazado los derechos e intereses colectivos a la moralidad pública y a la defensa del patrimonio público, sin mencionar otros más de igual entidad e importancia, prueba de ello, lo encontramos en la reciente sentencia del 9 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de controversia contractual seguido por el Instituto Nacional de Vías en contra del Departamento del Magdalena y del Consorcio Ribera Este, el cual, fue fallado negando las pretensiones del lnvías, de este, llama poderosamente la atención el voto del magistrado disidente, en el que cuestiona visceral mente la modificación que pudo producirse en el pliego de condiciones, sin embargo, ahora nos encontramos ante un hecho, como lo ha denominado el magistrado en su salvamento de voto, podrido, porque, lo peor en el asunto analizado es que la modificación no se produce en el pliego sino en el contrato mismo, para reducir su alcance y volver a contratar lo ya contratado, en qué mente sana y sensata tal exabrupto jurídico puede encajar, salta la pregunta. Necesariamente, los organismos de control están llamados a intervenir en el asunto, ya que lo que este demanda es forzar a los contratantes para que cumplan integralmente con el objeto pactado en el contrato, porque, a pesar que el Invías, con sus reiteradas y desmedidas acciones jurídicas desplegadas, ha propiciado el atraso en la ejecución y terminación de la obra, debe obligársele al contratista a que las ejecute en las condiciones pactadas, aunque ello le derive un desequilibrio económico, en tal sentido, no existe justificación alguna para que el Departamento del Magdalena, ahora sí, con el pleno e irrestricto respaldo del director del Invías, Ingeniero Carlos García Montes, abra otra licitación para contratar lo ya contratado, a menos que, como ya lo hemos dicho, se trate de un buen negocio, porque, incluso, el nuevo contrato le puede ser adjudicado una vez más a su actual contratista, esto resulta ser algo así como matar a un muerto o el quítate tú pa ponerme yo; todas las groserías que se dan en nuestro país cuando el período de gobierno agoniza.

0 Comments

Leave a Comment

Categorías