La reciente controversia surgida alrededor del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena ha generado preocupación en el ámbito cultural y artístico del país, luego de que los ganadores del certamen denunciaran públicamente el incumplimiento en la entrega de los premios prometidos. Según sus testimonios, los cheques que recibieron al finalizar el concurso carecían de fondos, lo que dejó en evidencia una situación que califican como humillante y profundamente decepcionante.
Los artistas afectados explican que, después de dedicar semanas y hasta meses de preparación para participar en este festival que se promociona como una vitrina importante del folclor colombiano, se encontraron frente a una realidad inesperada: acudir al banco para cobrar un incentivo económico que, en la práctica, no existía. Para muchos, este hecho no solo representa una falta de respeto a su trabajo, sino también un golpe a la credibilidad del evento, que históricamente ha buscado posicionarse como un espacio de reconocimiento del talento regional.
La denuncia pública ha puesto en el centro del debate la gestión de los organizadores del festival y, en un sentido más amplio, la forma en que algunos eventos culturales manejan los recursos destinados a premiar y promover a los artistas. La falta de pagos oportunos, la entrega de cheques sin respaldo y el posterior silencio por parte de la organización despiertan dudas sobre la transparencia en el manejo financiero y administrativo del festival. Este episodio se suma a las inquietudes recurrentes sobre cómo se ejecutan los presupuestos destinados a la cultura, especialmente en eventos que, por su magnitud, demandan planificación rigurosa y responsabilidad frente al público y los participantes.
Los ganadores del concurso aseguran haber buscado respuestas mediante llamadas, mensajes y gestiones directas con los responsables del evento. Sin embargo, sostienen que no han recibido claridad sobre el porqué del incumplimiento ni sobre cuándo podrán recibir los premios que legítimamente obtuvieron. Esta falta de comunicación ha incrementado la frustración y la percepción de abandono. Para ellos, la ausencia de una explicación oficial constituye un agravante, pues deja la sensación de que el problema es más profundo de lo que inicialmente aparenta.
Mientras tanto, el silencio de la organización solo alimenta las dudas y la desconfianza. No emitir un comunicado o una aclaración oportuna se interpreta, desde el punto de vista de los artistas, como un gesto de poco compromiso con la situación. Para el público y la comunidad cultural, esta falta de pronunciamiento también afecta la reputación del festival, que podría verse seriamente cuestionado en futuras ediciones si no se toman medidas correctivas.
En medio de la incertidumbre, los artistas mantienen una petición sencilla y justa: que su trabajo sea respetado y que los premios obtenidos con esfuerzo y dedicación sean pagados. Lo que buscan no es solo una compensación económica, sino también una muestra de seriedad y responsabilidad por parte de quienes organizan un evento que pretende exaltar el talento musical de la región. Para ellos, cumplir con lo prometido es lo mínimo que podría hacerse para restablecer la confianza y garantizar que el festival continúe siendo un espacio digno para los artistas del país.
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