Por Ciro Roberto Esper

La situación que atraviesa Air-e Intervenida es, sin duda, una de las más complejas que ha enfrentado el sector eléctrico en el Caribe y en el país en los últimos años. No se trata de un problema aislado ni de una coyuntura regional: estamos ante un riesgo sistémico que, de no atenderse con responsabilidad y prontitud, podría comprometer la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Las cifras son contundentes. Una deuda que supera los 2,5 billones de pesos y que crece mes a mes refleja una realidad que no puede seguir postergándose. La falta de liquidez ha puesto en jaque a la generación térmica, especialmente en una región donde estas plantas cumplen un papel fundamental como respaldo del sistema. Un eventual colapso no solo afectaría al Caribe; tendría consecuencias directas para todo el país.

En ese contexto, el proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía, que plantea un cobro adicional temporal de $8 por kWh, debe analizarse con serenidad y sin simplificaciones. No es una medida ideal, ni mucho menos deseable en un entorno de alta presión para los hogares y las empresas, pero puede constituir un mecanismo transitorio para evitar un escenario mucho más costoso: apagones regionales o un racionamiento nacional con impactos económicos y sociales incalculables.

El respaldo del sector empresarial a esta propuesta no es un cheque en blanco. Está condicionado a reglas claras, a una temporalidad estricta y a la absoluta transparencia en el uso de los recursos. Es indispensable que el Gobierno precise que este cargo no es un impuesto ni un subsidio regional, sino una herramienta excepcional para estabilizar el mercado mayorista y honrar compromisos que hoy amenazan la operación del sistema.

Sin embargo, sería un error pensar que esta medida, por sí sola, resuelve el problema de fondo. La intervención de Air-e evidenció la ausencia de un plan robusto de administración y de fuentes alternativas de liquidez que pudieron haberse activado oportunamente. Además, el mecanismo propuesto apenas cubriría cerca de la mitad de la deuda acumulada, lo que confirma que estamos frente a una solución parcial.

El verdadero desafío es estructural. El modelo de prestación del servicio en el Caribe debe replantearse teniendo en cuenta una realidad social marcada por altos niveles de pobreza y baja capacidad de pago, que no puede seguir traduciéndose en un servicio deficiente y financieramente inviable. Resolver esta crisis exige decisiones de largo plazo, articulación institucional y una visión que combine sostenibilidad financiera con equidad social.

Hoy más que nunca se requiere madurez, responsabilidad y sentido de país. Evitar una crisis mayor es urgente, pero hacerlo bien es indispensable. El costo de no actuar sería mucho más alto que el esfuerzo transitorio que hoy se está discutiendo.