En una decisión que ha generado un amplio debate político e institucional en el país, el Gobierno Nacional oficializó la eliminación de la prima especial de servicios para los congresistas, un beneficio que durante años hizo parte de la estructura salarial de senadores y representantes a la Cámara. La medida quedó en firme con la expedición del Decreto 0030 de 2026, publicado el pasado 20 de enero por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Con esta norma, el Ejecutivo derogó el Decreto 2170 de 2013, que había establecido la prima especial como uno de los componentes de la dieta congresional. De acuerdo con el texto oficial, este pago adicional, que ascendía a cerca de 16,9 millones de pesos mensuales, dejará de percibirse a partir del próximo periodo legislativo. La supresión aplicará exclusivamente para los congresistas que resulten electos en las elecciones del 8 de marzo de 2026 y que se posesionen el 20 de julio del mismo año, por lo que no afectará a los actuales integrantes del Congreso.
Según el Gobierno, la decisión hace parte de una estrategia orientada a racionalizar el gasto público, promover mayor equidad en las remuneraciones del Estado y ajustar el esquema salarial de los legisladores a la realidad económica del país. En la exposición de motivos del decreto se argumenta que la eliminación de la prima no vulnera derechos adquiridos, ya que la jurisprudencia constitucional permite modificar ciertos beneficios cuando existen razones fiscales, de equidad y de interés general debidamente justificadas.
Desde la Casa de Nariño, sectores afines a la medida han defendido el decreto como un avance en la modernización del gasto público y un gesto de coherencia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, que prioriza la austeridad, la eficiencia del Estado y la reducción de privilegios en la administración pública.
No obstante, la decisión provocó reacciones críticas en el Congreso. El presidente del Senado, Lidio García Turbay, calificó la eliminación de la prima como un “mensaje equivocado” del Ejecutivo y la interpretó como un posible castigo político a un Congreso que, según dijo, ha mantenido su independencia frente al Gobierno. El legislador recordó además que el presidente Gustavo Petro Urrego recibió este beneficio durante casi dos décadas cuando fue congresista, sin que en ese momento manifestara reparos frente a su existencia.
A pesar de las críticas, García Turbay afirmó que el Legislativo acatará la decisión, reiterando su respeto por el Estado de Derecho y subrayando que la independencia entre los poderes públicos es un pilar esencial de la democracia colombiana.
En contraste, congresistas de distintas bancadas y sectores ciudadanos celebraron la eliminación de la prima como una victoria simbólica, luego de años de intentos fallidos por reducir los salarios y beneficios de los parlamentarios, considerados por amplios sectores como desproporcionados frente al ingreso promedio de los colombianos.
Expertos en finanzas públicas coincidieron en que el impacto fiscal de la medida será limitado frente al presupuesto nacional, pero destacaron su alto valor simbólico en el debate sobre austeridad, transparencia y legitimidad institucional. El decreto también aclara que la decisión no afecta otras prestaciones salariales ni la prima de servicios general que reciben los trabajadores formales en Colombia.
Así, a partir del 20 de julio de 2026, la remuneración de los congresistas quedará compuesta únicamente por el salario básico y los gastos de representación, en medio de un debate que refleja las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en un año marcado por la contienda electoral.
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