El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó un estado de emergencia por 30 días tras una grave crisis de seguridad originada en el sistema penitenciario. La medida se produjo luego de que el grupo criminal Barrio 18, recientemente clasificado como organización terrorista, se apoderara de varios centros carcelarios y tomara como rehenes a decenas de funcionarios. Aunque el Estado logró retomar el control de las cárceles y liberar a los secuestrados, la situación escaló rápidamente cuando la banda respondió con ataques en la vía pública que dejaron 10 policías muertos, obligando al gobierno a activar mecanismos extraordinarios de seguridad.

El decreto de emergencia amplió de forma temporal las facultades de la Policía Nacional y del Ejército, permitiendo restricciones puntuales a ciertas libertades civiles con el fin de restablecer el orden público. No obstante, a diferencia de otras experiencias regionales, estas medidas no se plantearon como indefinidas ni absolutas. El Congreso de Guatemala aprobó el decreto casi por unanimidad, pero introdujo modificaciones para limitar su alcance, dejando claro que no se implementaría un toque de queda general y que las actividades públicas esenciales seguirían protegidas.

El Legislativo también estableció que las restricciones solo podrán aplicarse cuando sean estrictamente necesarias, manteniendo así un margen para la actividad social y económica cotidiana. Este control parlamentario busca diferenciar el modelo guatemalteco de otros casos en la región, como el de El Salvador, donde las medidas de excepción han sido más amplias y prolongadas. Según explicó Orlando J. Pérez, profesor de ciencias políticas de la Universidad del Norte de Texas, incluso sectores críticos reconocen que la estrategia guatemalteca no replica prácticas como detenciones masivas ni una delegación ilimitada de poder al Ejecutivo, y permanece bajo supervisión constante del Congreso.

A pesar de ello, la gestión de la crisis enfrenta importantes desafíos judiciales. El sistema de justicia guatemalteco es percibido como una red de “jugadores de veto” capaces de bloquear reformas e investigaciones mediante recursos legales. Pérez advierte que, cuando el sistema regular no logra castigar eficazmente la violencia, las medidas excepcionales tienden a convertirse en un sustituto que puede prolongarse en el tiempo. Esta situación se ve agravada por la corrupción judicial y la influencia de organizaciones criminales, lo que coloca al presidente Arévalo entre la presión ciudadana por resultados inmediatos y la resistencia de actores institucionales.

En el plano internacional, Estados Unidos respalda los esfuerzos del gobierno guatemalteco para restablecer el orden, pero condiciona su apoyo a avances concretos en seguridad y gobernabilidad democrática. En este contexto, Guatemala aceptó aumentar los vuelos de deportación y ampliar la recepción de migrantes de otras nacionalidades, además de firmar un nuevo acuerdo comercial que vincula la relación económica bilateral con estándares de seguridad nacional.

Pese a estas acciones, persisten temores sobre la normalización de los estados de excepción. Según el análisis de Americas Quarterly, la preocupación central no es que Arévalo derive hacia el autoritarismo, sino que el país caiga en una “temporalidad permanente”, donde los poderes coercitivos de emergencia se expandan gradualmente en un sistema con supervisión limitada. El reto clave para Guatemala será restablecer los procedimientos legales normales sin debilitar la democracia y demostrar que la recuperación plena del estado de derecho sigue siendo posible.