La presunta detención del empresario colombiano Alex Saab en Caracas, Venezuela, el pasado 4 de febrero de 2026 volvió a poner en primer plano uno de los expedientes judiciales más sensibles de los últimos años, tanto por su dimensión económica como por sus implicaciones políticas. Aunque la información fue desmentida posteriormente por su defensa, el episodio reactivó la atención de las autoridades colombianas sobre los procesos penales y patrimoniales que continúan abiertos en su contra.

De acuerdo con lo informado por La FM, la Fiscalía General de la Nación apuesta por una última vía jurídica para reabrir el capítulo penal más relevante del caso: una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Este recurso busca controvertir la absolución que en su momento benefició a Saab y a su contador, Devis José Mendoza Lapeira, en el proceso por lavado de activos y exportaciones ficticias, considerado por el ente acusador como el núcleo del entramado financiero investigado.

En paralelo, el foco actual de la disputa judicial se concentra en la extinción de dominio de al menos siete bienes ubicados en Barranquilla, Atlántico, cuyo valor total se estima en cerca de 35.000 millones de pesos. Entre estos activos se encuentra una mansión avaluada en aproximadamente 28.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, estos bienes habrían sido adquiridos con recursos de origen ilícito y ocultados mediante la sociedad Dubera S.A.S., creada presuntamente como una estructura de fachada para encubrir el verdadero origen de los fondos.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema analiza ahora la demanda presentada por la Fiscalía, que constituye el último recurso judicial para reabrir el proceso penal. Si el magistrado ponente admite la solicitud, se convocaría una audiencia de sustentación oral y, posteriormente, se podría emitir una decisión definitiva que cambie el rumbo del caso.

Dentro de la investigación, la empresa Shatex S.A. aparece como una pieza clave del supuesto andamiaje económico atribuido a Saab en Colombia. Aunque la compañía sostuvo que sus operaciones correspondían al comercio exterior, la Fiscalía señaló que funcionó como una fachada mediante la simulación de importaciones y exportaciones inexistentes. Informes de inteligencia financiera detectaron un incremento patrimonial del 923 % en 2007, un crecimiento que, según los investigadores, no tendría justificación dentro de las dinámicas normales del sector textil.

Las pesquisas también revelaron la presunta existencia de una doble contabilidad. De acuerdo con el ente acusador, los ingresos reportados ante la Dian eran artificialmente bajos para reducir la carga tributaria, mientras que los estados financieros presentados al sistema bancario mostraban cifras infladas. Esta práctica habría facilitado el acceso a créditos y el ingreso de divisas provenientes del exterior, especialmente desde Venezuela.

La Fiscalía sostiene que el Tribunal Superior de Barranquilla incurrió en errores de valoración probatoria al considerar que las irregularidades detectadas correspondían a fallas administrativas y no a una estrategia delictiva estructurada. A su juicio, mantener ese criterio permitiría la impunidad de un esquema diseñado para insertar en el sistema financiero colombiano recursos presuntamente vinculados a hechos de corrupción asociados al programa de alimentos CLAP en Venezuela.

Tras difundirse la versión de la captura, el abogado de Saab, Luigi Giuliano, negó categóricamente la información y aseguró que el empresario se encontraba en su residencia en Caracas. Según afirmó, tuvo contacto directo con su cliente y descartó cualquier procedimiento en su contra, lo que mantiene la incertidumbre sobre el estado real del caso mientras la ofensiva judicial en Colombia entra en su fase definitiva.