Una publicación en redes sociales reavivó el debate sobre la recolección de firmas en Colombia y generó un fuerte cruce político en medio del ambiente preelectoral. El mensaje, difundido por el usuario verificado Uldarico Chilito, calificó como “escandaloso” el número de firmas invalidadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil en varios procesos de inscripción de candidaturas, desatando una nueva controversia sobre la legitimidad de este mecanismo de participación.

En la publicación se detallan cifras que corresponden a distintos aspirantes que acudieron al sistema de recolección de apoyos ciudadanos. Según lo expuesto, a Abelardo De la Espriella le habrían sido anuladas 3.100.000 firmas, equivalentes al 62% del total presentado; a Aníbal Gaviria, 1.578.000, un 68%; a Claudia López, 647.000, el 50%; a Vicky Dávila, 549.000, el 44%; y a Felipe Córdoba, 624.000, el 48%. Los datos fueron acompañados de una afirmación polémica: “La derecha es una máquina para presentar firmas falsas”, lo que elevó el tono del debate al introducir un señalamiento ideológico directo.

La figura de la recolección de firmas se ha consolidado en Colombia como una vía recurrente para aspiraciones independientes o por fuera de los partidos tradicionales. Por ello, la validez de los apoyos ciudadanos constituye un elemento central para la legitimidad democrática y la confianza en el sistema electoral.

La Registraduría, autoridad encargada de verificar la autenticidad de las firmas, aplica procedimientos técnicos que incluyen revisión grafológica, cruces con bases de datos oficiales y depuración por inconsistencias como datos repetidos, incompletos, inexistentes o correspondientes a ciudadanos no habilitados. No obstante, los altos porcentajes de invalidación han sido históricamente motivo de discusión entre campañas y autoridades.

Mientras algunos sectores consideran que estos porcentajes reflejan fallas graves en los procesos de recolección y posibles irregularidades, otros sostienen que la mayoría de las anulaciones obedecen a errores humanos, registros duplicados o inconsistencias formales, más que a una intención fraudulenta deliberada.

El debate adquiere mayor sensibilidad cuando las cifras se utilizan para cuestionar a un sector político específico. Analistas advierten que, en un contexto de polarización y desconfianza institucional, este tipo de afirmaciones puede profundizar la tensión y afectar la percepción ciudadana sobre la transparencia del sistema electoral.

Más allá de los nombres y porcentajes, la controversia pone en el centro la credibilidad del mecanismo de firmas como instrumento de participación ciudadana. Surgen interrogantes sobre la eficacia de los controles internos de los comités promotores y sobre la necesidad de fortalecer la pedagogía para garantizar que cada apoyo cumpla los requisitos legales.

En plena antesala electoral, las cifras de firmas invalidadas dejan de ser un dato técnico y se convierten en un nuevo frente de disputa política, en el que se juega no solo la inscripción de candidaturas, sino también la confianza en las reglas del juego democrático.