El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del decreto que fijaba el aumento del salario mínimo del 23,78 % para 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La decisión fue adoptada por el magistrado ponente encargado de estudiar la legalidad del acto administrativo, quien ordenó como medida cautelar frenar su aplicación mientras se analiza el fondo del proceso. Con ello, el alto tribunal le otorgó al Gobierno nacional un plazo de ocho días para expedir un nuevo decreto ajustado a los parámetros establecidos por la ley.

Según el pronunciamiento, la fijación del salario mínimo debe basarse en criterios técnicos definidos por la normativa vigente —como productividad, inflación y protección del poder adquisitivo— y no exclusivamente en consideraciones políticas. Por ello, la suspensión busca garantizar que la determinación cumpla estrictamente con el procedimiento legal.

La medida no implica una decisión definitiva sobre la validez del incremento, pero sí obliga al Ejecutivo a replantear el acto administrativo y justificarlo conforme a los requisitos técnicos exigidos. Mientras se emite el nuevo decreto, se mantiene la incertidumbre jurídica sobre el monto aplicable para 2026.

El caso continuará en estudio dentro del Consejo de Estado, que posteriormente deberá decidir si anula o ratifica el incremento decretado por el Gobierno. Entretanto, sectores económicos y laborales permanecen atentos al nuevo acto administrativo que deberá emitir el Ejecutivo dentro del plazo fijado por la corporación.