Durante un Consejo de Ministros realizado en Montería, el presidente Gustavo Petro pidió revisar la localización de la planta desalinizadora proyectada para Santa Marta, iniciativa concebida para mitigar el histórico desabastecimiento de agua potable en la capital del Magdalena.
El mandatario cuestionó que la obra esté prevista cerca del Hotel Irotama, en una zona con presencia de complejos turísticos, y aseguró que el Gobierno no invertiría cerca de medio billón de pesos para “beneficiar a los ricos”. Según Petro, la ubicación contradice el enfoque social que debería regir la inversión pública en infraestructura básica.
Sus declaraciones generaron inquietud en la ciudad, donde la desalinizadora es considerada la primera solución estructural frente al déficit cercano a mil litros por segundo que registra el sistema de acueducto. En varios barrios el servicio llega solo una vez por semana, de madrugada o simplemente no llega, por lo que miles de familias dependen de carrotanques para acceder al agua.
El proyecto se desarrollará mediante cooperación entre la Alcaldía, el Ministerio de Vivienda, la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta —ESSMAR— y la Superintendencia de Servicios Públicos. De acuerdo con la administración distrital, la obra forma parte del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y fue estructurada con estudios técnicos avalados por entidades nacionales. Además, se articula con otras intervenciones como la ampliación de El Curval y el fortalecimiento de El Roble.
El pronunciamiento presidencial provocó la reacción del sector hotelero. La asociación Cotelco Magdalena defendió la ubicación del proyecto y negó que esté orientado exclusivamente al turismo.
El gremio explicó que la localización responde a criterios técnicos aprobados por el Ministerio de Vivienda en 2025 y recordó que la iniciativa fue declarada estratégica mediante el Conpes 4159 de ese año, con impacto proyectado para más de 585.000 habitantes del área urbana.
Asimismo, subrayó que el Hotel Irotama genera cientos de empleos, cerca de la mitad ocupados por mujeres cabeza de hogar, y que la actividad turística beneficia a comunidades de sectores populares como Gaira, Don Jaca y La Paz.
La Alcaldía argumentó que producir agua en el sur permitirá liberar caudal hacia el norte, donde reside aproximadamente el 75 % de la población y se concentra la mayor crisis de abastecimiento. La exgerente de ESSMAR, Isis Navarro, afirmó que la elección del lote “no fue un capricho” sino el resultado de estudios técnicos.
El alcalde Carlos Pinedo Cuello reiteró que la administración mantendrá la ruta técnica acordada con la Nación y que la adjudicación está prevista para junio. Sin embargo, el mensaje presidencial abrió la posibilidad de modificar o replantear la iniciativa.
Mientras la discusión política continúa, en barrios como Cristo Rey y La Paz la realidad sigue siendo cotidiana: la llegada del agua depende del calendario de carrotanques. Allí, más allá del debate ideológico, la expectativa se resume en una necesidad básica: abrir la llave y que finalmente salga el líquido vital.
