Por Juana de Arco

Una denuncia que ha empezado a tomar fuerza en Santa Marta alerta sobre posibles presiones políticas a contratistas y trabajadores vinculados a la administración distrital.

Según fuentes cercanas al caso, los involucrados habrían sido requeridos para recopilar nombres y números de cédula de personas que apoyarían al dirigente Chadan Rosado.

Las versiones indican que a cada contratista se le habría solicitado aportar al menos 30 registros, generando preocupación por un posible uso de la contratación pública con fines electorales. Se señala que estas instrucciones se habrían transmitido de manera verbal y a través de canales internos.

Especialistas en derecho electoral recuerdan que cualquier presión a funcionarios o contratistas para favorecer candidaturas podría constituir faltas disciplinarias o incluso delitos, y que el uso de datos personales con fines políticos exige consentimiento previo, expreso e informado, según la normativa vigente.

Hasta ahora, ni la administración distrital ni el dirigente mencionado se han pronunciado al respecto. La falta de respuesta aumenta la expectativa ciudadana y genera inquietud sobre la transparencia y legalidad del proceso electoral en la ciudad.

En un sistema democrático, el voto debe ejercerse libremente y sin condicionamientos, por lo que de confirmarse estos hechos, podrían comprometer la confianza pública y la integridad del proceso electoral.