El escenario político del departamento del Atlántico vuelve a encenderse en medio de nuevas críticas contra el Pacto Histórico, colectividad del presidente Gustavo Petro, por presuntas alianzas con estructuras tradicionales de poder y por un supuesto desgaste en la región Caribe de cara al próximo ciclo electoral.
Las controversias han tomado fuerza especialmente por la figura del senador Pedro Flórez Porras, quien obtuvo una alta votación en la consulta interna para definir el orden de la lista al Senado. Sectores opositores han señalado que el congresista estaría vinculado políticamente al denominado “clan Torres”, grupo familiar y económico con influencia histórica en el departamento. Según las críticas, esta cercanía resultaría contradictoria con el discurso fundacional del movimiento, que surgió como alternativa frente a las maquinarias políticas regionales tradicionales.
A los cuestionamientos se suma la presunta cercanía de Flórez con el ministro del Interior, Armando Benedetti, lo que ha intensificado el debate sobre el peso de las alianzas estratégicas dentro de la colectividad y su impacto en la configuración de liderazgos territoriales.
Otro nombre que ha entrado en el centro de la polémica es el de Jaime Arturo Santa María, dirigente que logró una importante votación a la Cámara por el Atlántico. Voces críticas aseguran que su ascenso político no obedeció a un proceso orgánico de construcción ciudadana, sino al respaldo de sectores tradicionales. “Pasó del anonimato político a convertirse en una ficha clave dentro de una maquinaria tradicional”, afirman opositores, quienes cuestionan la coherencia entre el discurso de renovación y las alianzas concretadas en el territorio.
Desde sectores cercanos al dirigente, sin embargo, sostienen que su crecimiento responde al trabajo territorial y al respaldo ciudadano, rechazando los señalamientos sobre supuestos apoyos de clanes políticos. Aun así, persisten interrogantes en la opinión pública sobre el alcance real de su gestión legislativa y su nivel de representación social en el departamento.
La controversia se agudizó tras declaraciones de Santa María en entrevista con el comunicador Jorge Luis Rolong Jiménez, en las que lanzó acusaciones contra periodistas, generando rechazo en el gremio y abriendo un debate sobre la relación entre dirigentes políticos y medios de comunicación. En paralelo, han circulado denuncias sobre presuntas agresiones a comunicadores en otras regiones, como el caso de Carlos Ayala Ozarco en Villavicencio, aunque hasta el momento no existen decisiones judiciales que determinen responsabilidades directas de figuras nacionales.
Analistas consultados coinciden en que el Pacto Histórico enfrenta un momento complejo en el Atlántico, donde parte del electorado percibe una pérdida de impulso frente a otras fuerzas políticas. No obstante, voceros del movimiento aseguran que mantienen una base sólida y atribuyen las críticas al pulso natural de la contienda preelectoral.
El debate sobre la coherencia entre el discurso de cambio y las alianzas regionales continúa marcando la agenda política departamental, en un ambiente que anticipa una competencia intensa y altamente polarizada en el Caribe colombiano.