A cinco días de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas previstas para el domingo 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro lanzó fuertes cuestionamientos contra el proceso electoral colombiano, al advertir sobre un supuesto fraude, un preconteo “ilegal” y presuntas fallas de transparencia. Sus declaraciones generaron inmediata reacción de las autoridades electorales y de los organismos de control, que defendieron las garantías del sistema.

En una alocución, el mandatario habló incluso de “impugnar las mesas” como mecanismo para dar mayor claridad a los resultados. “Si una mesa no es impugnada queda válido el preconteo (…) pero si se impugna, son los jueces de las comisiones escrutadoras los que van a abrir las urnas y contarán los votos para ratificar si lo dicho es cierto. Entre más mesas impugnadas más claridad”, afirmó. Además, sostuvo que la etapa de preconteo “no es legal en Colombia”.

Las afirmaciones presidenciales se producen en un momento clave del calendario electoral y han sido interpretadas por distintos sectores como un factor que podría aumentar la tensión política. Sin embargo, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil se rechazaron los señalamientos y se explicó que el preconteo es un mecanismo informativo preliminar que no define los resultados oficiales.

El registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, aseguró que la entidad ha implementado medidas inéditas para blindar el proceso. Entre ellas mencionó auditorías informáticas con expertos internacionales, la exposición pública del código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio, y el congelamiento de dichos sistemas para evitar cualquier alteración antes de su ejecución el día de las votaciones.

Precisamente, frente a la afirmación presidencial de que el código fuente no había sido entregado, la Registraduría informó que el pasado 25 de febrero realizó la exposición formal de los programas utilizados para el procesamiento electrónico de datos electorales. Según la entidad, el código fuente contiene las instrucciones que determinan cómo se capturan, procesan y transmiten los datos, y cualquier modificación requeriría una intervención técnica verificable.

Penagos enfatizó que el preconteo es únicamente un mecanismo de divulgación rápida de información y que los resultados oficiales se determinan durante el escrutinio, que comienza a las 4:00 p.m. del día electoral. Este proceso está a cargo de 9.600 jueces de la República y se basa en actas físicas diligenciadas y firmadas por los jurados de votación, que suman alrededor de 860.000 ciudadanos en todo el país.

Además, el registrador anunció que se publicarán todas las actas electorales —de transmisión, de claveros y de delegados— para permitir la verificación ciudadana. “Ningún software puede alterar los resultados”, insistió, al señalar que los sistemas solo consolidan la información contenida en soportes físicos.

El 25 de febrero también se realizó una reunión de alto nivel para evaluar riesgos del proceso electoral. En ella participaron el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, además del registrador.

Los jefes de los entes de control coincidieron en que las inquietudes del presidente pueden ser válidas dentro del debate democrático, pero advirtieron que es distinto deslegitimar el sistema con acusaciones sin pruebas. A pocos días de las urnas, el llamado de las autoridades es a preservar la confianza ciudadana en un modelo que, insisten, se sustenta en actas físicas verificables y en un escrutinio judicial independiente.