El poder económico de Estados Unidos ha sido durante décadas una de sus principales herramientas para presionar a gobiernos adversarios. Sin embargo, recientes acontecimientos evidencian que las sanciones financieras y comerciales, aunque capaces de debilitar economías, no siempre logran provocar cambios políticos o la caída de líderes en el poder.

Durante años, Washington ha aplicado estrategias de presión económica contra países considerados rivales, con el objetivo de obligarlos a modificar su comportamiento. En el caso del actual gobierno del presidente Donald Trump, esa estrategia habría llegado a su límite frente a situaciones como las de Irán y Venezuela, donde las sanciones no lograron producir los cambios políticos esperados.

Ante ese escenario, la administración estadounidense ha optado por una postura más agresiva, incluyendo acciones militares dirigidas a debilitar o remover a los gobiernos de ambos países. La decisión de abandonar la estrategia de “máxima presión” basada únicamente en sanciones llegó después de que amplios intentos de utilizar la influencia económica estadounidense no lograran provocar transformaciones políticas en esos gobiernos.

Especialistas en política internacional señalan que el impacto de las sanciones ha disminuido con el tiempo debido a diversos factores. Entre ellos se destacan la evasión sistemática de las restricciones financieras, la aplicación irregular de las medidas y la creciente fragmentación de la economía global. En este contexto, la hegemonía financiera de Estados Unidos, basada principalmente en el dominio del dólar, enfrenta nuevos desafíos.

Edward Fishman, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores, considera que las sanciones han sido aplicadas en algunos casos con expectativas poco realistas. Según el analista, Washington ha intentado alcanzar objetivos políticos que exceden la capacidad real de estas herramientas económicas, situación que se ha repetido tanto en el caso de Venezuela como en el de Irán.

Durante su primer mandato, Trump intensificó las sanciones contra Irán tras retirarse del acuerdo nuclear firmado durante la administración de Barack Obama. La medida buscaba debilitar al gobierno iraní y frenar su programa nuclear. Sin embargo, pese al endurecimiento de las restricciones económicas, el gobierno iraní permaneció en el poder y continuó desarrollando sus ambiciones nucleares.

La estrategia fue similar en Venezuela. Tras la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018, Estados Unidos impuso fuertes sanciones económicas con el objetivo de debilitar su control político. Estas medidas contribuyeron a profundizar la crisis económica venezolana, aunque no lograron por sí solas provocar un cambio de gobierno.

Expertos en política económica internacional destacan que las sanciones suelen tener un efecto gradual y limitado. Adam Smith, exfuncionario del Departamento del Tesoro estadounidense, señala que estas medidas están diseñadas para deteriorar las capacidades de un adversario, pero no necesariamente para provocar su colapso total. En su opinión, las sanciones pueden modificar el equilibrio estratégico, pero difícilmente logran un “jaque mate” político.

El uso intensivo de sanciones también ha generado tensiones con aliados de Estados Unidos y ha incentivado a varios países a buscar alternativas al dólar en el comercio internacional. De hecho, el exsecretario del Tesoro Steven Mnuchin advirtió en el pasado que el uso excesivo de estas herramientas podría acelerar el alejamiento del sistema financiero dominado por la moneda estadounidense.

En su segundo mandato, Trump ha mostrado una disposición aún mayor a utilizar las sanciones como instrumento político. Un ejemplo de ello fue la decisión del Departamento del Tesoro de sancionar al juez brasileño Alex de Moraes, quien había liderado el proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por su intento de anular las elecciones de 2022.

La medida generó controversia dentro del propio gobierno estadounidense y provocó la renuncia de varios funcionarios vinculados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, organismo encargado de aplicar sanciones económicas.

En paralelo, la administración estadounidense también ha comenzado a flexibilizar algunas sanciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022. La decisión responde en parte al aumento de los precios del petróleo y a la necesidad de estabilizar el mercado energético global.

El Departamento del Tesoro ha autorizado recientemente la entrega a la India de cargamentos de petróleo ruso que permanecían retenidos en el mar debido a las sanciones. Según funcionarios estadounidenses, esta medida podría contribuir a reducir los precios del crudo al aumentar la oferta en el mercado internacional.

No obstante, críticos de esta política consideran que relajar las sanciones en medio de conflictos internacionales podría enviar señales contradictorias y debilitar la presión sobre Moscú.

En medio de este escenario, analistas advierten que el uso de sanciones económicas se está transformando en una herramienta cada vez más transaccional dentro de la política exterior estadounidense. A medida que la economía global se diversifica y surgen nuevas potencias financieras, la capacidad de Washington para ejercer presión mediante su poder económico enfrenta límites cada vez más visibles.