La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones superiores a los $8 mil millones a varios clubes del fútbol profesional colombiano, entre ellos el Unión Magdalena, por haber participado en prácticas anticompetitivas que vulneraban la libre movilidad laboral de los jugadores. De acuerdo con el informe oficial, las investigaciones revelaron que las instituciones sancionadas diseñaron e implementaron un sistema de control que impedía a los futbolistas negociar libremente sus contratos al término de los mismos, restringiendo su derecho a decidir sobre su futuro profesional y afectando la libre competencia en el mercado deportivo.
La entidad precisó que este tipo de conductas constituyen una violación directa a las normas de libre competencia económica, pues generan una distorsión en el mercado laboral del fútbol y consolidan un escenario de desigualdad frente a los jugadores, quienes se veían limitados a permanecer o salir de un club bajo condiciones impuestas unilateralmente. De esta manera, los futbolistas perdían autonomía y capacidad de negociación, quedando sujetos a acuerdos que beneficiaban únicamente a las directivas de los equipos.
Entre los clubes sancionados figuran, además del Unión Magdalena, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A., Envigado Fútbol Club S.A., Club Deportivo Atlético Fútbol Club S.A., Club Deportivo La Equidad Seguros S.A., y Sociedad Anónima Deportiva Fútbol Club S.A.. Según la SIC, estas organizaciones coordinaron mecanismos de exclusión mediante los cuales se restringía la contratación de futbolistas cuyos contratos habían finalizado, con el propósito de controlar la movilidad entre clubes y mantener una estructura cerrada de fichajes.
Esta colusión entre entidades deportivas afectó no solo la transparencia del mercado, sino también la equidad en las relaciones laborales, al impedir que los deportistas pudieran acceder a mejores oportunidades profesionales en igualdad de condiciones. Tales prácticas, señaló la Superintendencia, atentan contra los principios de libertad contractual y competencia justa que deben regir tanto las actividades económicas como las deportivas.
La SIC subrayó que las negociaciones de derechos deportivos y laborales deben desarrollarse dentro del marco de la ley y bajo parámetros de transparencia. Aunque la gestión de transferencias y la coordinación entre clubes son actividades normales en el fútbol profesional, estas no pueden traducirse en acuerdos que limiten o excluyan injustamente a los jugadores. Por ello, la entidad advirtió que continuará vigilando e investigando cualquier conducta que represente una amenaza a la libre competencia y a los derechos fundamentales de los trabajadores del deporte.
Finalmente, la decisión constituye un precedente significativo en la regulación del fútbol colombiano. En el caso particular del Unión Magdalena, la sanción representa no solo una multa económica considerable, sino también un llamado de atención institucional para revisar sus políticas internas, fortalecer sus procesos administrativos y garantizar que sus actuaciones se ajusten a los valores éticos y legales que deben prevalecer en el ámbito deportivo. Esta resolución de la SIC busca reafirmar el compromiso del Estado con la protección de los derechos laborales y con la promoción de un entorno competitivo, justo y transparente en el fútbol profesional del país.
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