La disputa legal que envuelve al reconocido exponente del reguetón Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón L. Ayala Rodríguez, ha tomado un nuevo giro con la radicación de una demanda federal que amplía la lista de acusados y profundiza la gravedad de las denuncias. El artista, junto a la compañía Los Cangris, Inc., presentó un recurso ante el Tribunal Federal contra Raphy Pina, su exesposa Mireddys González, el abogado Edwin Prado, Andrés Coll y varias entidades asociadas a ellos. Esta acción judicial invoca tanto el RICO Act estadounidense como la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico, alegando que existió una estructura delictiva organizada cuyo propósito era apropiarse de derechos de autor y desviar regalías pertenecientes a Daddy Yankee y otros creadores.
El documento judicial, citado por People en Español, sostiene que el supuesto esquema comenzó alrededor de 2015, cuando Pina y su círculo cercano habrían manipulado documentos esenciales en la industria musical. Entre ellos se incluyen split sheets, contratos y formularios de copyright, utilizados para atribuir falsamente a Pina la coautoría de diversas canciones exitosas. Estas alteraciones, señalan los demandantes, no solo habrían provocado pérdidas millonarias, sino que también modificaron archivos oficiales en la Oficina Federal de Copyright, reescribiendo la historia de obras fundamentales del reguetón.
La demanda detalla además que Pina habría empleado tácticas de intimidación, coerción e incluso violencia para mantener a los artistas bajo control y evitar que presentaran reclamaciones. Ante esto, Ayala Rodríguez solicita compensación económica, la corrección de los registros presuntamente falsificados y medidas que impidan la repetición de esquemas similares, argumentando que estos hechos afectan no solo a los artistas, sino también a la transparencia y la herencia cultural del género urbano.
Dentro del organigrama presentado en la querella, Andrés A. Coll-Fernández figura como una pieza clave. Según el documento, habría actuado como asistente principal y mentor de Pina, legitimando declaraciones de publicación consideradas fraudulentas y distribuyendo asignaciones falsas de derechos en diversas composiciones. Este rol le habría permitido recibir beneficios económicos mientras contribuía a ocultar y sostener el supuesto esquema.
Por su parte, Mireddys González, exesposa de Daddy Yankee, aparece descrita como administradora dentro de la estructura. La demanda señala que preparó asignaciones que aumentaron artificialmente la participación de Pina-Nieves en varias obras, reduciendo simultáneamente la de Daddy Yankee. También se le atribuye haber enviado estos documentos mediante comercio interestatal y mantener al artista al margen de comunicaciones clave para reforzar la apariencia de legitimidad.
El abogado Edwin J. Prado-Galarza es señalado como el engranaje jurídico que habría permitido operar el esquema. El recurso afirma que firmó y distribuyó contratos que contenían declaraciones fraudulentas de publicación sin la autorización de Ayala Rodríguez. Entre estos documentos figuran el “Acuerdo de composición del título principal” y el “Memorándum de Comprensión” de la canción “Buena Vida (Remake)”, los cuales habrían sido procesados sin el consentimiento del artista. Según la demanda, Prado obtuvo estatus profesional y beneficios económicos gracias a su participación en la maquinaria descrita.
En conjunto, la querella plantea que la presunta operación no solo afectó directamente a Daddy Yankee, sino que también tuvo un impacto perjudicial en la integridad administrativa y cultural del reguetón, motivo por el cual los demandantes exigen justicia, reparación y medidas para proteger los derechos de autor en la industria.
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