El Concejo Distrital de Barranquilla aprobó, con el voto mayoritario de sus integrantes, el acuerdo que autoriza al alcalde Alejandro Char a ceder por un periodo de 20 años la infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo de la ciudad a la empresa Triple A. La decisión generó un intenso debate político y técnico, y fue duramente cuestionada por los concejales Antonio Bohórquez y Recer Lee, quienes fueron los únicos votos negativos del proyecto.

Durante la discusión en plenaria, el concejal Antonio Bohórquez centró sus críticas en el impacto fiscal que tendría la cesión de la infraestructura para las finanzas del Distrito. Según explicó, la administración distrital no logró aclarar cómo se compensarán los ingresos que el Distrito dejará de recibir por concepto de regalías una vez la infraestructura pase a manos de la empresa operadora. Bohórquez afirmó que, pese a haber formulado múltiples preguntas al equipo financiero de la Alcaldía, no se presentaron cifras concretas, proyecciones ni mecanismos claros que permitan entender cómo se cubrirá ese faltante de recursos.

“El equipo financiero nunca supo explicar cómo se van a cubrir esos ingresos que el Distrito dejará de recibir”, sostuvo el concejal, advirtiendo que esta falta de claridad representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal de Barranquilla. Además, señaló que la eventual pérdida de esos recursos podría obligar al Distrito a buscar nuevas fuentes de financiación, lo que, en su opinión, podría traducirse en mayores cargas tributarias para los ciudadanos.

Por su parte, la administración distrital defendió la iniciativa argumentando que la cesión de la infraestructura permitirá fortalecer la operación de los servicios públicos, mejorar el perfil financiero de Triple A y ofrecer estabilidad jurídica para la planificación y ejecución de inversiones a largo plazo. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la oficina jurídica del Distrito señalaron que, al ser el Distrito accionista mayoritario de la empresa, los beneficios derivados de la medida redundarán en una mejor calidad del servicio para la ciudad y en mayor eficiencia operativa.

No obstante, Bohórquez insistió en que estos argumentos no respondieron al núcleo del debate, que, según él, era la renuncia a ingresos derivados del uso de una infraestructura que es patrimonio público. El concejal cuestionó que se aprobara un acuerdo de tan largo plazo sin que el Concejo contara con información detallada y suficiente sobre sus efectos financieros reales para el Distrito, especialmente en un contexto en el que las finanzas públicas requieren planeación responsable y transparente.

El concejal Recer Lee respaldó estas observaciones y también votó en contra del proyecto, señalando la necesidad de un análisis más profundo antes de comprometer activos estratégicos de la ciudad por dos décadas. Para Lee, la decisión merecía mayor debate técnico y garantías claras sobre su conveniencia a largo plazo.

Pese a las advertencias de los concejales opositores, el acuerdo fue aprobado y la cesión de la infraestructura quedará habilitada a partir de octubre de 2033, una vez finalice el actual contrato de concesión. Las críticas dejaron constancia en el debate público de las dudas sobre la sostenibilidad fiscal de la medida y de la falta de respuestas precisas por parte de la administración distrital, un tema que seguirá generando discusión en la ciudad.