A poco más de un mes de las elecciones al Congreso, las alertas institucionales están encendidas y la atención se concentra en la Casa de Nariño, ante denuncias de posibles intervenciones políticas del Gobierno en el proceso electoral. Diversos entes de control han iniciado revisiones sobre la contratación estatal previa a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, así como sobre las declaraciones públicas de altos funcionarios, entre ellos el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el propio presidente Gustavo Petro, relacionadas con la continuidad del proyecto político del progresismo.
Aunque el debate sobre la influencia de los mandatarios en los procesos electorales no es nuevo en Colombia, sectores de la oposición y organizaciones de observación han señalado que el actual Gobierno habría ido más allá de los límites permitidos. Según estas críticas, el presidente Petro no solo habría expresado opiniones políticas, sino que estaría dando directrices al progresismo sobre el rumbo electoral, lo que podría constituir una indebida participación en política.
Las controversias se reavivaron esta semana tras un pronunciamiento del mandatario ante la diáspora colombiana en Washington, donde volvió a cuestionar al Consejo Nacional Electoral (CNE) por sus decisiones frente a la exclusión del senador Iván Cepeda de la consulta de la izquierda y la revocatoria de listas del Pacto Histórico a la Cámara en varios departamentos. En su intervención, Petro afirmó que el CNE estaría “haciendo política” y no actuando como árbitro electoral, declaraciones que, aunque el presidente asegura no están dirigidas al proceso electoral, han sido interpretadas por críticos como un nuevo guiño político.
Desde el Ejecutivo se ha negado reiteradamente cualquier intención de incidir en las elecciones. Sin embargo, las críticas han escalado al punto de que ya existen quejas disciplinarias radicadas ante la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Gregorio Eljach, para que evalúe la conducta de funcionarios del Gobierno. La Misión de Observación Electoral (MOE) también ha levantado alertas, y su directora, Alejandra Barrios, advirtió sobre una posible “intervención partidista” del presidente.
La oposición ha sido especialmente activa en estos señalamientos. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, presentó recientemente una solicitud formal de vigilancia ante la Procuraduría. En respuesta, el Ministerio Público anunció la creación de un “grupo élite” encargado de investigar posibles casos de indebida participación en política por parte de funcionarios del Gobierno, además de reforzar la revisión detallada de la contratación estatal previa a la Ley de Garantías.
El procurador Eljach aseguró que las investigaciones se adelantarán respetando los tiempos y garantías legales, recordando a los servidores públicos su responsabilidad frente a los comicios. Este trabajo se articulará con los comités de seguimiento electoral, en los que participan la Fiscalía, autoridades administrativas, Fuerzas Armadas, partidos y candidatos, y que, según el exregistrador Alfonso Portela, son escenarios clave para ventilar irregularidades durante cada etapa del calendario electoral.
El debate se intensifica a medida que se acerca el 8 de marzo, fecha clave en la que los partidos medirán su fuerza electoral en las urnas. Los resultados no solo definirán la composición del próximo Congreso, sino que también servirán como termómetro político para el Gobierno y su bancada en el Legislativo, en un ambiente marcado por la desconfianza y la vigilancia institucional.
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