Las intensas y constantes lluvias que se han registrado en distintas regiones del país encendieron las alarmas del Gobierno nacional, que decidió decretar una nueva emergencia económica para hacer frente a los estragos ocasionados por la ola invernal. La medida fue ordenada por el presidente Gustavo Petro ante la magnitud de las afectaciones, especialmente en el departamento de Córdoba, una de las zonas más golpeadas por las inundaciones.

Las precipitaciones han dejado comunidades anegadas, daños en viviendas, afectaciones en vías y dificultades en la prestación de servicios esenciales como agua potable, energía y atención en salud. Frente a este panorama, el Ejecutivo consideró necesario activar mecanismos extraordinarios que permitan agilizar la adopción de medidas y garantizar recursos para la atención inmediata de la emergencia.

La declaratoria de emergencia económica faculta al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley orientados a conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. Este instrumento constitucional permite al Gobierno tomar decisiones de carácter fiscal, presupuestal y administrativo de manera más expedita, con el objetivo de responder con rapidez a situaciones excepcionales.

En ese contexto, el Ministerio de Hacienda anunció que, en el marco de la emergencia, se adoptarán medidas encaminadas a recaudar 8 billones de pesos. Estos recursos estarán destinados a atender los impactos derivados de las lluvias, financiar obras de mitigación, apoyar a las comunidades afectadas y restablecer infraestructuras dañadas.

De acuerdo con el Gobierno, el departamento de Córdoba concentra una parte significativa de las afectaciones. Allí, las inundaciones han comprometido extensas zonas rurales y urbanas, impactando viviendas, cultivos y vías terciarias, lo que ha dificultado la movilidad y el abastecimiento. Además, se han reportado daños en instituciones educativas y centros de salud, lo que ha obligado a activar planes de contingencia.

La administración nacional señaló que los recursos que se recauden permitirán no solo atender la emergencia inmediata, sino también avanzar en acciones de prevención y adaptación frente a fenómenos climáticos extremos, cuya frecuencia e intensidad han aumentado en los últimos años.

Aunque no se han detallado aún todas las medidas específicas que se adoptarán para alcanzar el recaudo proyectado, se espera que en los próximos días el Ministerio de Hacienda expida los decretos correspondientes, en los que se definan los instrumentos fiscales y financieros que se implementarán.

La declaratoria de emergencia económica deberá ser revisada posteriormente por la Corte Constitucional, como lo establece la ley, para verificar que las medidas adoptadas se ajusten a la Carta Política y que estén directamente relacionadas con la crisis que se busca atender.

Mientras tanto, las autoridades continúan adelantando censos y evaluaciones de daños en las zonas más afectadas, con el fin de priorizar la entrega de ayudas humanitarias y la intervención en infraestructura crítica. El Gobierno reiteró que la prioridad es proteger a las comunidades vulnerables y garantizar una respuesta oportuna ante una situación que mantiene en alerta a varias regiones del país.