La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos destacó este martes el carácter cívico con el que se desarrollaron las recientes elecciones legislativas y consultas interpartidistas en Colombia, aunque advirtió que el proceso estuvo acompañado de algunos incidentes aislados y de un contexto marcado por preocupaciones de seguridad.

En su primer informe tras los comicios del pasado domingo —en los que se eligió el nuevo Congreso de la República de Colombia y se definieron varios candidatos presidenciales— la misión reconoció el trabajo de las autoridades electorales y de los jurados de votación que participaron en la jornada. No obstante, el documento también señala que el proceso electoral se desarrolló en medio de diversas situaciones que generaron alertas sobre el normal desarrollo de la contienda política.

La delegación internacional estuvo encabezada por la política guatemalteca Catalina Soberanis, quien lideró el equipo de observadores desplegado en diferentes regiones del país. En su informe, la misión indicó que la campaña electoral previa a los comicios estuvo marcada por hechos de violencia que afectaron el clima político durante el proceso.

Entre los hechos mencionados figura el asesinato del aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, ocurrido el año pasado. Según el reporte, este y otros episodios reflejan las tensiones y riesgos que han acompañado la actual contienda electoral.

El informe también recoge denuncias presentadas por diversos actores políticos sobre la presencia de grupos armados ilegales en algunas regiones del país. De acuerdo con los testimonios recopilados por la misión, estas estructuras habrían ejercido presiones en determinados territorios para permitir ciertas candidaturas o restringir actividades proselitistas, lo que genera preocupación sobre las condiciones de competencia democrática en zonas afectadas por el conflicto.

En relación con la jornada de votación, la misión reportó un total de 957 incidentes registrados hasta el cierre de las urnas. De estos, 632 correspondieron a casos relacionados con presunto constreñimiento o corrupción al elector, situaciones que fueron reportadas a las autoridades competentes para su investigación.

Por su parte, las autoridades informaron sobre la captura de 46 personas por delitos electorales durante la jornada, así como la incautación de aproximadamente 3.761 millones de pesos, equivalentes a unos 950.000 dólares. Estas cifras, según el informe, superan las registradas en las elecciones legislativas de 2022, lo que refleja un aumento en las acciones de control por parte de los organismos de seguridad.

En cuanto a los resultados preliminares, con el 99,56 % de las mesas informadas, el partido oficialista Pacto Histórico obtuvo el 22,72 % de los votos al Senado, seguido por el Centro Democrático con el 15,62 %, y el Partido Liberal Colombiano con el 11,71 %.

La participación electoral alcanzó el 50,62 % para el Senado y el 50,21 % para la Cámara de Representantes, porcentajes que representan un leve incremento frente a los niveles de participación registrados en anteriores procesos legislativos en el país.

El documento también advirtió sobre algunas dificultades registradas en el exterior, donde varios electores manifestaron confusión debido al cambio en las direcciones de 58 puestos de votación que fueron divulgadas apenas un día antes de la jornada electoral.

De cara a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo, la misión de la OEA recomendó reforzar la comunicación institucional y adoptar medidas adicionales que permitan garantizar el secreto del voto en determinados puestos de votación.

La delegación de la OEA estuvo integrada por 28 observadores de 15 nacionalidades y formó parte de un amplio despliegue internacional de seguimiento electoral en el país, en el que también participaron misiones de la Unión Europea, el Centro Carter, IDEA Internacional, Transparencia Electoral y la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Estas misiones acompañan el proceso con el objetivo de fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema democrático colombiano.