Habitantes del sector Villas de Alejandría, en Santa Marta, denunciaron presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de obra pública que, según registros oficiales, aparece como finalizado y pagado en su totalidad, pese a que los trabajos en el lugar no habrían sido concluidos.
De acuerdo con los residentes del sector, la intervención se originó tras una emergencia registrada en agosto de 2025, cuando se presentaron afectaciones en la infraestructura de tuberías y en la vía del barrio. Los habitantes aseguran que durante cerca de tres meses no se ofreció una solución efectiva al problema, situación que generó inconformidad entre la comunidad.
La intervención, según relatan los vecinos, consistió únicamente en la ruptura de algunos tramos de tubería, el levantamiento de un par de placas de concreto y la presencia temporal de maquinaria en el lugar. Sin embargo, aseguran que las labores quedaron inconclusas y que posteriormente el personal encargado se retiró sin culminar las obras necesarias para resolver la emergencia.
Lo que ha generado mayor preocupación entre los habitantes es que, pese a que el proyecto no estaría terminado, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) el contrato figura como finalizado desde el 5 de diciembre de 2025. Además, según los registros del sistema, existe un acta de pago firmada que indica el desembolso del 100 % del valor del contrato al contratista.
Los residentes consideran que esta situación podría representar un uso indebido de los recursos públicos, al señalar que el dinero utilizado para la obra proviene de los impuestos de los ciudadanos samarios. Por ello, han solicitado explicaciones tanto a la administración distrital como a los responsables de la ejecución del proyecto.
Ante las denuncias de la comunidad, el concejal Wiston Vargas respaldó el llamado de los habitantes y promovió una proposición en el Concejo Distrital con el fin de citar a funcionarios de la Alcaldía y al contratista encargado de la obra. El objetivo era que ambas partes comparecieran ante el cabildo para explicar el estado del contrato, los avances de la intervención y la razón por la cual aparece como liquidado en los registros oficiales.
No obstante, según lo manifestado por los denunciantes, en la sesión más reciente del Concejo se informó que ni representantes de la Alcaldía ni el contratista asistirían a la citación para responder a los cuestionamientos planteados por la comunidad y algunos concejales.
Esta situación ha generado nuevas críticas entre los habitantes del sector, quienes consideran que se está evadiendo el control político que debe ejercer el Concejo frente a la gestión de los recursos públicos y la ejecución de las obras en la ciudad.
Los residentes insisten en que es necesario esclarecer lo ocurrido con el contrato y determinar si efectivamente se cumplió con los trabajos contemplados o si existen irregularidades administrativas. Mientras tanto, la comunidad continúa esperando una solución definitiva al problema de infraestructura que motivó la intervención inicial y que, según denuncian, sigue afectando la movilidad y las condiciones del sector.
