Habitantes del sector Ciudad Mallorquín, en el municipio de Puerto Colombia, expresaron su preocupación por lo que describen como una creciente ola de inseguridad y ocupación irregular de espacios públicos, situaciones que, según la comunidad, están afectando la tranquilidad y la convivencia en el barrio.
De acuerdo con los residentes, en este sector —donde habitan cerca de 4.000 familias— se han registrado robos de manera constante durante las últimas semanas. Los vecinos aseguran que los casos de hurto se presentan prácticamente a diario y consideran que la presencia de la Policía Nacional de Colombia es insuficiente para atender la problemática.
Uno de los hechos más recientes ocurrió la semana pasada, cuando las autoridades capturaron a dos hombres y dos adolescentes señalados de robar prendas de oro y otros objetos de valor. Según el reporte policial, los artículos hurtados estaban avaluados en aproximadamente 15 millones de pesos.
Sin embargo, los residentes afirman que la situación va más allá de los robos. También denuncian que distintos espacios públicos del sector han sido ocupados por vendedores ambulantes y jóvenes provenientes de barrios cercanos, lo que ha generado conflictos con la comunidad.
Uno de los puntos de mayor preocupación son las canchas deportivas del sector. Los habitantes señalan que estos espacios, destinados originalmente a actividades recreativas para los residentes, han sido ocupados por grupos externos, incluyendo jóvenes que practican deportes y escuelas de fútbol, lo que limita el acceso para los niños y las familias que viven en la zona.
A esta situación se suma la presencia creciente de vendedores ambulantes que, según la comunidad, han instalado puestos de comida, mesas y Food Trucks en áreas destinadas al parqueo de vehículos y en senderos peatonales. Los vecinos afirman que estas instalaciones bloquean el tránsito y afectan la movilidad dentro del sector.
Los denunciantes aseguran que, pese a las quejas presentadas, no se han observado controles efectivos por parte de las autoridades encargadas del manejo del espacio público en el municipio.
Incluso, un vecino relató que una integrante de la Junta de Acción Comunal intentó dialogar con algunos vendedores para buscar una solución concertada, pero recibió respuestas ofensivas y un trato irrespetuoso.
Además, los residentes aseguran haber presentado varios derechos de petición ante la administración municipal solicitando medidas para atender la problemática, sin que hasta el momento hayan recibido respuestas claras por parte de la alcaldía.
Ante la falta de soluciones, los habitantes han elevado su solicitud de intervención a la Gobernación del Atlántico. Asimismo, anunciaron que evalúan suspender temporalmente el pago del impuesto predial y de la tasa de seguridad hasta que las autoridades municipales adopten acciones concretas frente a la situación.
La comunidad insiste en que es necesario reforzar la presencia policial, regular el uso del espacio público y garantizar que los residentes puedan acceder de manera segura a las zonas recreativas y de convivencia del barrio.
Para los habitantes de Ciudad Mallorquín, estas medidas son fundamentales para recuperar la tranquilidad del sector y asegurar que los espacios públicos cumplan su función de promover la recreación, la seguridad y la integración comunitaria.
