La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su preocupación y rechazo frente a las declaraciones del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, quien en un video difundido en redes sociales anunció que evalúa emprender acciones legales contra periodistas que critiquen su administración, especialmente en temas relacionados con la seguridad y el estado de las playas de la ciudad.
El pronunciamiento del mandatario se dio durante un recorrido por zonas turísticas el pasado 3 de abril, donde, acompañado por miembros de la Policía y funcionarios locales, afirmó que analiza “cómo atacar jurídicamente” a comunicadores que, según él, “vienen a hacerle daño a la ciudad”. Estas palabras generaron una inmediata reacción de rechazo por parte de distintos sectores, al considerar que podrían interpretarse como una amenaza al ejercicio del periodismo crítico.
La FLIP advirtió que este tipo de declaraciones resultan incompatibles con las obligaciones de los funcionarios públicos, quienes deben garantizar los derechos fundamentales y proteger de manera reforzada la labor de la prensa. La organización subrayó que presentar el trabajo periodístico como perjudicial distorsiona su papel en la sociedad, especialmente cuando informa sobre asuntos de interés público como la seguridad, el medioambiente o la gestión administrativa.
Tras la controversia, la Alcaldía de Santa Marta emitió un comunicado en el que aseguró que las palabras del alcalde fueron sacadas de contexto y reiteró su respeto por la libertad de prensa. No obstante, en el mismo documento cuestionó la veracidad de algunas informaciones difundidas por medios, calificándolas como carentes de rigor y potencialmente dañinas para la imagen y el desarrollo de la ciudad. Para la FLIP, estas afirmaciones, al no estar respaldadas por evidencia concreta, podrían contribuir a deslegitimar de forma generalizada la labor de los periodistas.
El organismo también alertó que el anuncio de recurrir a mecanismos judiciales frente a publicaciones críticas puede convertirse en una forma de intimidación y restringir la participación pública, especialmente cuando se plantea en términos de “ataque”. Esto, según la organización, podría configurar un escenario de represalias frente al cubrimiento informativo sobre la administración local.
En su pronunciamiento, la FLIP recordó que la Corte Constitucional de Colombia ha establecido que los servidores públicos, en particular los de elección popular, deben tener un mayor nivel de tolerancia frente a la crítica. Así lo señala la Sentencia T-149 de 2025, que refuerza la obligación de aceptar el escrutinio público como parte esencial de la democracia.
Asimismo, la organización destacó que el acceso a la información pública es un derecho fundamental que garantiza la transparencia en la gestión estatal y permite el control ciudadano, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional y los estándares interamericanos de derechos humanos.
Finalmente, la FLIP hizo un llamado al alcalde Pinedo Cuello para que utilice los mecanismos legales adecuados, como la solicitud de rectificación, en caso de considerar inexacta una información, y para que garantice un entorno seguro, libre de censura y respetuoso para el ejercicio del periodismo en Santa Marta. El caso ha reavivado el debate nacional sobre los límites del poder público frente a la libertad de expresión y el papel de la prensa en el control del poder.
