La violencia golpeó con fuerza al departamento del Atlántico durante la Semana Santa, dejando un saldo de 12 homicidios entre el 1 de abril y el Domingo de Resurrección, una cifra que ha encendido las alarmas y generado fuertes cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades.

De acuerdo con el ex personero distrital Arturo García Medrano, los casos registrados reflejan un patrón preocupante: uno fue catalogado como feminicidio, otro estaría vinculado a extorsión y al menos ocho corresponden a la modalidad de sicariato, lo que representa cerca del 80% de los asesinatos. Este panorama evidencia el fortalecimiento de estructuras criminales que, según denuncias, operan con relativa libertad en diferentes zonas del departamento.

Mientras las autoridades concentraban sus esfuerzos en garantizar la seguridad en zonas turísticas y eventos religiosos, con el objetivo de preservar la imagen del territorio ante visitantes, en barrios populares la situación fue distinta. Habitantes y líderes comunitarios reportaron episodios de violencia, disparos y una marcada ausencia institucional, lo que ha alimentado la percepción de una seguridad desigual que deja desprotegidas a las comunidades más vulnerables.

El promedio de 2,6 homicidios diarios durante la semana festiva refuerza las críticas hacia los planes oficiales, al evidenciar una limitada capacidad de contención frente a la criminalidad. A esto se suma un factor que incrementa la preocupación ciudadana: hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con estos hechos, lo que profundiza la sensación de impunidad.

Las recompensas económicas anunciadas por las autoridades también han sido objeto de cuestionamiento. Un caso reciente en Baranoa, donde un hombre fue asesinado y otro resultó herido, llevó a la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía a ofrecer hasta 50 millones de pesos por información. Sin embargo, diversos sectores consideran que estas medidas son reactivas y no sustituyen la necesidad de estrategias estructurales basadas en prevención, inteligencia y presencia efectiva en los territorios.

Uno de los hechos más impactantes fue el feminicidio de Evelina Ortiz Mendoza, cuyo cuerpo fue hallado en un taxi con signos de violencia. Aunque su pareja sentimental fue identificada como principal sospechoso mediante cámaras de seguridad, hasta ahora no se ha concretado su captura, lo que ha generado indignación y cuestionamientos sobre la capacidad investigativa de las autoridades.

En paralelo, la extorsión continúa afectando a comerciantes y trabajadores. El asesinato de Sebastián Andrés Guzmán Ayala, un menor de 17 años que laboraba como domiciliario, puso en evidencia la persistencia de amenazas por parte de grupos criminales como Los Costeños, señalados de intimidar a establecimientos mediante panfletos.

Ante este panorama, la ciudadanía exige respuestas urgentes y acciones contundentes que frenen el avance de la violencia. La brecha entre los discursos oficiales sobre control y la realidad en las calles sigue generando desconfianza, en un contexto donde la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población en el Atlántico.