La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ante posibles irregularidades relacionadas con interceptaciones telefónicas al candidato presidencial Abelardo De La Espriella.

La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción del ente de control, luego de que se conocieran versiones difundidas por medios de comunicación que señalan que servidores de la DNI habrían elaborado informes de inteligencia basados en una conversación privada del aspirante. Según dichas informaciones, la interceptación involucraría un diálogo sostenido entre De La Espriella y los hermanos Bautista, quienes son reconocidos como máximos accionistas de la empresa Thomas Greg & Sons, firma encargada de apoyar la logística de los procesos electorales en el país.

De acuerdo con la Procuraduría, estos hechos podrían configurar una posible vulneración a los derechos fundamentales a la intimidad y a las garantías democráticas, especialmente en el contexto de un proceso electoral. En ese sentido, la apertura de la indagación previa tiene como objetivo establecer si existieron actuaciones irregulares por parte de funcionarios públicos y determinar la eventual responsabilidad disciplinaria.

Como parte de las primeras actuaciones, el Ministerio Público ordenó escuchar en declaración al entonces director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía. Según lo consignado en la noticia disciplinaria, Mejía habría reconocido la existencia de las denominadas “chuzadas”, aunque aseguró que estas se realizaron bajo el amparo de una orden judicial.

Frente a esta afirmación, la Procuraduría dispuso, con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, verificar si efectivamente existió una autorización judicial que respaldara dichas interceptaciones. Este punto resulta clave para determinar la legalidad de las actuaciones y establecer si se respetaron los procedimientos establecidos en la ley.

La entidad señaló que la indagación busca delimitar con precisión los hechos, identificar a los posibles responsables y evaluar la incidencia disciplinaria de las conductas denunciadas. Para ello, se ordenó la práctica de diversas pruebas que permitan esclarecer las circunstancias en las que se habrían realizado las interceptaciones.

Este caso reaviva el debate en torno al uso de herramientas de inteligencia en Colombia y los límites legales de las interceptaciones, especialmente cuando involucran a actores políticos en medio de procesos electorales. La Procuraduría reiteró que su actuación se enmarca en la defensa del orden jurídico, la protección de los derechos fundamentales y la vigilancia del correcto ejercicio de la función pública.