La analista Andrea Vargas salió al paso de las críticas que atribuyen el incremento de la violencia en Barranquilla durante 2023 y 2024 a la política de “paz total”, al asegurar que dicha relación carece de sustento y responde a interpretaciones equivocadas del contexto de seguridad en la ciudad.

A través de su cuenta en la red social X, Vargas explicó que durante ese periodo no existía ninguna mesa formal de negociación entre el Gobierno nacional y estructuras criminales como ‘Los Costeños’ o ‘Los Pepes’, dos de las principales organizaciones señaladas de dinamizar la violencia urbana en la capital del Atlántico. En ese sentido, sostuvo que resulta incorrecto vincular los picos de criminalidad registrados en esos años con una estrategia que, según indicó, aún no se implementaba en el territorio.

La analista fue enfática en señalar que las denominadas “treguas” que se reportaron en medio de la confrontación entre estas bandas no obedecieron a acuerdos promovidos por el Ejecutivo, sino a decisiones unilaterales adoptadas por las propias estructuras criminales, en el marco de disputas internas por el control territorial y de economías ilegales. Estas pausas, añadió, respondieron más a reacomodos estratégicos que a un proceso de negociación institucional.

En su análisis, Vargas planteó que el escenario comenzó a transformarse en octubre de 2025, cuando se instaló oficialmente una mesa de diálogo entre el Gobierno y actores armados en Barranquilla. Según afirmó, este hecho marcó un punto de inflexión en la dinámica de seguridad de la ciudad, al abrir un canal formal para la desescalada de la violencia y la búsqueda de compromisos verificables.

De acuerdo con los datos citados por la analista, tras la puesta en marcha de esta mesa de diálogo se registró una reducción significativa en los principales indicadores de criminalidad. En particular, destacó que los homicidios habrían disminuido en un 57 %, mientras que los casos de extorsión se redujeron en un 84 %, cifras que, a su juicio, evidencian un impacto positivo de la estrategia en el territorio.

Estas afirmaciones contrastan con sectores críticos que han cuestionado la política de “paz total”, argumentando que ha generado incentivos perversos para las organizaciones criminales y debilitado la acción de la fuerza pública. Frente a estas posturas, Vargas consideró necesario revisar con mayor rigor los datos y diferenciar entre periodos en los que no existían mecanismos de negociación y aquellos en los que sí se implementaron.

Asimismo, la analista subrayó la importancia de evitar generalizaciones que puedan distorsionar el debate público sobre seguridad, especialmente en contextos urbanos complejos como el de Barranquilla, donde confluyen múltiples factores que inciden en la violencia.

Finalmente, Vargas aseguró que sus planteamientos buscan aportar a una discusión más informada sobre los efectos reales de las políticas de seguridad en Colombia. En ese sentido, insistió en que los resultados observados tras la instalación de la mesa de diálogo abren un espacio para evaluar con mayor profundidad el alcance de la “paz total” y su potencial como herramienta para reducir la criminalidad en escenarios urbanos.