Las recientes declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual directora del Fondo Adaptación, han generado un fuerte remezón político en Colombia al señalar la existencia de una presunta red de corrupción al interior del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Sus afirmaciones, que incluyen acusaciones de extorsión, persecución y manipulación del poder, han encendido el debate público y provocado reacciones en distintos sectores políticos.

Rodríguez aseguró que dicha red estaría encabezada por Juliana Guerrero, una figura cercana al Ejecutivo que ha estado en el centro de controversias por la presunta falsificación de títulos académicos. Según la funcionaria, existiría un entramado destinado a removerla de su cargo para apropiarse del presupuesto del Fondo Adaptación, que supera los 1,2 billones de pesos.

La directora denunció además ser víctima de una persecución que incluiría seguimientos, intimidaciones y exigencias económicas. En su relato, afirmó que estos actos provendrían de personas con conocimiento de su entorno personal, lo que agrava la situación. También mencionó al actual director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, como una de las figuras vinculadas en el contexto de estas tensiones internas.

Según explicó, el conflicto se originó cuando, en su paso por el Dapre, detectó irregularidades en la documentación académica de Guerrero, quien aspiraba a un cargo en el Ministerio de la Igualdad. Rodríguez asegura haber sido quien denunció estas inconsistencias, lo que habría desencadenado una fuerte confrontación personal y política.

Uno de los aspectos más delicados de sus declaraciones apunta a un supuesto plan de desprestigio contra la vicepresidenta Francia Márquez. De acuerdo con Rodríguez, Guerrero habría promovido campañas de desinformación para debilitar su imagen, consolidando así una estructura de poder paralela basada en influencias y decisiones indirectas dentro del Gobierno.

Asimismo, la funcionaria afirmó que Guerrero tendría injerencia en procesos de contratación en varias entidades, incluyendo el Ministerio de la Igualdad y el Fondo Colombia Paz, e incluso buscaría extender su control al Fondo Adaptación. Estas acusaciones apuntan a un manejo irregular del poder y a una presunta concentración de decisiones en actores sin cargos oficiales.

Otro señalamiento que ha causado especial preocupación es la mención de supuestos vínculos de Guerrero con el grupo armado ELN. Rodríguez indicó que la exasesora alardeaba de estos contactos para reforzar su influencia dentro del Gobierno, generando un ambiente de intimidación en la Casa de Nariño.

La funcionaria también sostuvo que el presidente Petro habría sido advertido previamente sobre estas irregularidades, aunque, según su versión, no tomó medidas oportunas, lo que permitió que la situación escalara hasta convertirse en un escándalo de alcance nacional.

Las reacciones no se han hecho esperar. Figuras como Abelardo De la Espriella, Sergio Fajardo y Mauricio Lizcano han cuestionado duramente al Gobierno, señalando una crisis de transparencia y gobernabilidad. Por su parte, el congresista Daniel Briceño calificó la situación como una muestra de descomposición institucional.

En contraste, la representante Jennifer Pedraza expresó su solidaridad con Rodríguez y advirtió sobre la gravedad de las denuncias, destacando que incluso la vida de la funcionaria podría estar en riesgo tras sus revelaciones.

El caso continúa en desarrollo y se perfila como uno de los escándalos más delicados del actual Gobierno, con posibles repercusiones judiciales y políticas que podrían impactar la estabilidad del Ejecutivo en los próximos meses.