La crisis energética que afecta a varios municipios del departamento del Magdalena volvió a ser tema central de debate público, luego de que la administración departamental reiterara su disposición de servir como mediadora entre las comunidades, el gobierno nacional, las alcaldías y las empresas prestadoras del servicio eléctrico Air-e y Afinia, con el fin de buscar soluciones concretas frente a las constantes fallas e interrupciones del suministro.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, expresó nuevamente su respaldo a las comunidades que han manifestado inconformidad por la calidad del servicio y los altos costos en las tarifas de energía. A través de su equipo de gobierno, la mandataria insistió en la necesidad de establecer espacios de diálogo y concertación que permitan atender las problemáticas que desde hace meses vienen denunciando los usuarios en distintas zonas del departamento.
La posición oficial de la Gobernación fue presentada durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la República, desarrollada en el municipio de Ariguaní. En este encuentro participaron representantes de las comunidades, autoridades locales y delegados institucionales, quienes analizaron la situación del servicio de energía en el territorio.
En representación de la gobernadora asistió el jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación, Manuel Otero, quien reiteró que la administración departamental mantiene una postura firme en defensa de los derechos de los usuarios. Según indicó, el acceso a un servicio de energía eficiente y de calidad debe entenderse como un derecho fundamental que debe ser garantizado por las empresas prestadoras y respaldado por las instituciones del Estado.
Durante su intervención, Otero señaló que la intención del gobierno departamental es promover el trabajo articulado entre las comunidades, las alcaldías municipales y las compañías encargadas del suministro eléctrico, con el propósito de encontrar soluciones definitivas que permitan mejorar la prestación del servicio y reducir el malestar ciudadano.
El funcionario también hizo un llamado a evitar las protestas que deriven en bloqueos o alteraciones del orden público, aunque reconoció las dificultades que enfrentan miles de usuarios debido a las constantes fallas y a los elevados costos en las facturas de energía. “No estamos de acuerdo con las vías de hecho, pero tampoco estamos de acuerdo con que la comunidad tenga que sufrir el calvario de un servicio mal prestado”, manifestó durante la audiencia.
La problemática energética en el Magdalena se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las comunidades, especialmente en sectores donde las interrupciones del servicio son frecuentes y afectan actividades económicas, comerciales y domésticas. Ante este panorama, la Gobernación insistió en que continuará participando en mesas de diálogo y gestión institucional para contribuir a la búsqueda de acuerdos que permitan mejorar la calidad del servicio y recuperar la confianza de los ciudadanos.
