Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten sobre el crecimiento territorial de estructuras armadas y el aumento de víctimas por artefactos explosivos. El informe también plantea alertas al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La política de Paz Total no habría logrado consolidar resultados sostenibles en los territorios debido a problemas metodológicos, dificultades de articulación institucional y la resistencia de estructuras vinculadas a economías ilegales, según un informe elaborado por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Las conclusiones hacen parte de las investigaciones ‘Los alcances del cambio: brumas en el horizonte’ y ‘Progresos sociales bajo amenaza de regresividad y avance del conflicto’, presentadas por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos.
De acuerdo con las organizaciones, mientras se adelantaban iniciativas relacionadas con la negociación y búsqueda de acuerdos, diferentes estructuras armadas mantuvieron e incluso ampliaron su presencia en distintas regiones del país.
Uno de los principales llamados de atención del informe está relacionado con la expansión territorial de los grupos armados.
Las organizaciones señalan que el Clan del Golfo incrementó su presencia en un 152 %, llegando a 429 municipios. En el caso de las disidencias, el crecimiento reportado fue del 109 %, con presencia en 376 municipios.
El ELN, según el documento, aumentó su presencia territorial en un 22 %, mientras que los grupos relacionados con la Segunda Marquetalia registraron un crecimiento del 108 %.
Para las organizaciones, estas cifras evidencian las dificultades que ha enfrentado la política de seguridad y paz para contener la expansión de estructuras armadas ilegales y garantizar condiciones de protección para las comunidades.
El informe también advierte sobre el impacto humanitario generado por la confrontación armada.
Entre enero y agosto de 2025, los civiles afectados por artefactos explosivos aumentaron un 145 %, alcanzando un total de 544 víctimas, según los datos citados por las organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, las víctimas de minas antipersonal registraron un incremento del 23 %, situación que representa un riesgo particularmente grave para las comunidades rurales y poblaciones que permanecen en zonas afectadas por el conflicto.
La expansión de los grupos armados también estaría relacionada con un aumento del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, con especial impacto en comunidades indígenas y afrodescendientes.
Las organizaciones concluyeron su análisis con una advertencia dirigida al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Las plataformas expresaron preocupación frente a los anuncios relacionados con eventuales recortes al gasto social, la posibilidad de fortalecer un enfoque predominantemente militar de la seguridad y el cuestionamiento de diferentes agendas relacionadas con la equidad.
Según las organizaciones, estas decisiones podrían representar un riesgo para el principio de no regresividad de los derechos humanos, que busca evitar que los avances alcanzados en materia de derechos sociales sean debilitados mediante decisiones estatales.
El informe plantea así un escenario de desafíos para el nuevo Gobierno, que deberá enfrentar simultáneamente la expansión territorial de grupos armados, la protección de las comunidades y la garantía de derechos sociales en diferentes regiones del país.
