La organización Chinese Human Rights Defenders documentó 209 casos entre 2016 y 2025 y señaló denuncias de golpes, torturas para obtener confesiones y restricciones de atención médica. Beijing rechazó las acusaciones y cuestionó la imparcialidad del grupo.
Un nuevo informe de la organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD) documentó denuncias de tortura y malos tratos contra personas detenidas en China, incluyendo golpes, privación de atención médica y prácticas utilizadas presuntamente para obtener confesiones.
El reporte, titulado “Barrido bajo la alfombra: fallas sistémicas para poner fin a la tortura en la República Popular de China”, analizó los testimonios de 209 reclusos entre 2016 y 2025. Según la organización, las denuncias proceden de diferentes regiones del país y muestran que estas prácticas continuarían pese a que la legislación china prohíbe el uso de la tortura y la violencia para obtener confesiones.
De acuerdo con los datos recopilados por CHRD, el 20 % de los presos entrevistados afirmó haber sido golpeado, mientras que el 15 % aseguró haber sido sometido a torturas con el objetivo de obtener confesiones. Además, un 35 % señaló haber recibido atención médica inadecuada durante su permanencia bajo custodia.
El informe sostiene que la falta de atención sanitaria tuvo consecuencias graves. La organización documentó 16 muertes en prisión entre los casos analizados y señaló que los presos considerados políticos o vinculados con actividades de oposición habrían enfrentado un nivel particular de presión.
Entre los casos mencionados aparece el de Yin Dengzhen, una mujer de 58 años que cumple una condena de cuatro años y medio por el delito de “provocar disputas y causar problemas”.
Su hija, Xia Beibei, aseguró a AFP que su madre padece linfoma y que durante la detención preventiva perdió peso hasta superar ligeramente los 35 kilogramos. Según su testimonio, Yin presentó dificultades para comer y caminar y fue hospitalizada antes de recibir sentencia.
La hija afirmó que las autoridades rechazaron posteriormente una solicitud de libertad por motivos médicos y señalaron, tras un examen, que la mujer se encontraba en condiciones de ser trasladada a una prisión para mujeres en Wuhan.
Xia expresó preocupación por el estado de salud de su madre y afirmó que esta temía morir en prisión. Sus declaraciones forman parte de los testimonios utilizados para exponer las dificultades que, según CHRD, enfrentan algunos detenidos para acceder a atención médica adecuada.
El informe también recoge denuncias de privación de sueño, comida y agua, exposición a temperaturas extremas, descargas eléctricas, confinamiento en jaulas y suspensión por las muñecas.
CHRD señaló que documentó casos en prácticamente todas las provincias y regiones administrativas especiales de China, con excepción de Macao. La organización también sostuvo que no encontró evidencias de procesos penales o medidas disciplinarias contra funcionarios señalados en las denuncias.
La legislación china contempla sanciones por utilizar tortura o violencia para obtener confesiones, mientras que el país es signatario de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, consultado por AFP, rechazó las acusaciones. La entidad afirmó que las autoridades judiciales actúan conforme a la ley y garantizan los derechos legales de las partes. También cuestionó a CHRD, al que acusó de mantener una postura prejuiciada contra China y de fabricar información.
Las autoridades chinas han rechazado anteriormente señalamientos similares realizados por Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, en 2025, el fiscal general chino reconoció la existencia de casos de tortura y detención ilegal y anunció medidas contra prácticas irregulares cometidas por funcionarios de seguridad.
