Reforma Agraria en Magdalena vuelve al centro del debate luego de las declaraciones del exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, quien advirtió sobre el futuro de los procesos de compra, entrega y formalización de predios en el departamento y la Sierra Nevada de Santa Marta.
Harman cuestionó decisiones adoptadas por el actual Gobierno y manifestó preocupación por la continuidad de algunos procesos agrarios que, según su versión, quedaron encaminados durante su administración. Sus declaraciones se producen en un contexto de discusión sobre el presupuesto, las compras de tierras y el rumbo de la política agraria nacional.
Durante su gestión al frente de la ANT, la entidad reportó resultados nacionales de más de 703.000 hectáreas gestionadas para acceso a la tierra y cerca de 1,88 millones de hectáreas formalizadas durante 2025. La propia Agencia confirmó estas cifras en sus balances oficiales.
La preocupación expresada por el exfuncionario se concentra especialmente en el Magdalena y la Sierra Nevada, territorios donde confluyen comunidades campesinas, indígenas y otros actores rurales. Harman sostuvo que algunos procesos podrían perder continuidad si cambian las prioridades institucionales y presupuestales.
En diciembre de 2025, durante una audiencia de rendición de cuentas realizada en Santa Marta, la ANT informó la entrega de 1.119 hectáreas a 1.075 familias campesinas del Magdalena. Además, la entidad ha registrado actuaciones relacionadas con comunidades indígenas de la Sierra Nevada.
Más recientemente, la ANT reportó la entrega de 269 títulos en zonas focalizadas del Magdalena, además de 30 hectáreas para comunidades indígenas Kogui y el predio Jirokasaka, de 880 hectáreas, para el pueblo Arhuaco.
Estos antecedentes hacen parte del contexto en el que se desarrolla la discusión sobre la Reforma Agraria en Magdalena y su continuidad durante la actual administración nacional.
Harman también señaló que el acceso a la tierra debe complementarse con crédito, asistencia técnica y acompañamiento institucional para garantizar que los beneficiarios puedan desarrollar proyectos productivos.
El exdirector sostuvo que cientos de miles de familias campesinas podrían quedar en incertidumbre si se detienen procesos que, según sus declaraciones, fueron impulsados durante su gestión. Esta afirmación corresponde a su posición política y no constituye por sí misma una verificación independiente sobre el número de familias eventualmente afectadas.
La ANT, por su parte, ha informado que durante 2025 impactó más de 2,5 millones de hectáreas mediante acciones de acceso, formalización y ordenamiento territorial, con una asignación presupuestal de $1,7 billones.
El pronunciamiento de Harman reabre la discusión sobre el rumbo de la política de tierras en el Magdalena, una región marcada históricamente por conflictos territoriales y procesos de formalización y restitución.
El exdirector llamó a organizaciones campesinas, comunidades indígenas y movimientos sociales a mantenerse activos en defensa de los procesos de reforma agraria.
Mientras continúa el debate político, la Reforma Agraria en Magdalena enfrenta el desafío de garantizar continuidad institucional, seguridad jurídica y acceso efectivo a la tierra para las comunidades rurales, al tiempo que las autoridades deben definir las prioridades presupuestales y operativas para los próximos años.
