Procuraduría respalda elección de la gobernadora del Magdalena Margarita Guerra

La elección de María Margarita Guerra recibió concepto favorable de la Procuraduría, que pidió al Consejo de Estado negar las demandas de nulidad electoral.

La elección de María Margarita Guerra como gobernadora del Magdalena para el periodo 2024-2027 recibió el respaldo de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó al Consejo de Estado negar las demandas de nulidad electoral presentadas contra su elección. El concepto del Ministerio Público analiza los cuestionamientos relacionados con presuntas incompatibilidades, doble militancia, coincidencia de periodos y posibles irregularidades en el aval de su candidatura.

La solicitud fue presentada por la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, mediante un concepto firmado por la procuradora delegada Idayris Yolima Carrillo Pérez. La decisión definitiva sobre la legalidad de la elección corresponde a la Sección Quinta del alto tribunal, encargada de resolver las demandas acumuladas.

Procuraduría analiza las demandas electorales

Los recursos judiciales fueron promovidos por sectores opositores después de las elecciones atípicas en las que María Margarita Guerra Zúñiga resultó elegida gobernadora del Magdalena. Los demandantes solicitaron anular el resultado electoral con base en diferentes argumentos jurídicos relacionados con su participación política y las condiciones de inscripción de su candidatura.

Frente a la presunta incompatibilidad por su anterior condición de diputada de la Asamblea Departamental, la Procuraduría sostuvo que la renuncia de Guerra Zúñiga fue aceptada antes de su inscripción y elección como gobernadora.

Según el concepto, esta circunstancia impide considerar que existió un ejercicio simultáneo de los cargos y, por tanto, que se configuró la incompatibilidad alegada en las demandas.

Doble militancia, otro punto de discusión

Uno de los principales argumentos examinados por el Ministerio Público fue la supuesta doble militancia de la mandataria, quien se presentó a las elecciones por una organización política diferente de Fuerza Ciudadana, colectividad a la que pertenecía anteriormente.

Sobre este asunto, la Procuraduría señaló que Fuerza Ciudadana perdió su personería jurídica mediante una decisión judicial. De acuerdo con el concepto, esta situación permite aplicar la excepción contemplada en la Ley 1475 de 2011 para los militantes cuya organización política pierde dicha condición por causas ajenas a sanciones estatutarias.

En consecuencia, el Ministerio Público consideró que el cambio de organización política no constituye, por sí solo, una razón suficiente para anular la elección de la gobernadora.

Aval partidista y coalición electoral

Las demandas también cuestionaron la validez del aval y las condiciones de la alianza electoral que respaldó la candidatura de Guerra Zúñiga.

Frente a estos señalamientos, la Procuraduría indicó que el aval formal fue expedido válidamente por el representante legal del Partido Ecologista Colombiano. Asimismo, consideró que las controversias relacionadas con procedimientos internos de los partidos y la participación de movimientos sin personería jurídica dentro de la coalición no tienen, en las circunstancias analizadas, la entidad suficiente para invalidar el acto electoral.

Con estos argumentos, el Ministerio Público solicitó que se desestimen las pretensiones de nulidad presentadas contra la elección.

Consejo de Estado tendrá la última palabra

El concepto favorable de la Procuraduría representa un respaldo jurídico para María Margarita Guerra Zúñiga, pero no constituye una sentencia definitiva ni significa que las demandas hayan sido rechazadas formalmente.

La decisión corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado, que deberá estudiar los argumentos de las partes y determinar si existen motivos legales para mantener o anular la elección.

Mientras avanza el proceso judicial, la discusión se concentra en la validez de la renuncia a la Asamblea Departamental, la aplicación de las normas sobre doble militancia y la legalidad del aval partidista.

El pronunciamiento definitivo del alto tribunal será determinante para establecer la situación jurídica de la gobernadora del Magdalena y resolver las controversias que surgieron tras las elecciones atípicas para el periodo 2024-2027.

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