Traslados del Inpec: 91 presos fueron reubicados en cárceles del Caribe para combatir extorsiones y delitos coordinados desde los centros penitenciarios.
Los traslados del Inpec dejaron a 91 personas privadas de la libertad reubicadas desde establecimientos penitenciarios de Barranquilla, Cartagena, Montería y Sincelejo, en una operación orientada a combatir las llamadas extorsivas y evitar que las cárceles sean utilizadas para coordinar actividades delictivas.
La medida, según la información suministrada, fue ordenada por el Gobierno Nacional y ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El objetivo es interrumpir presuntas redes criminales que operarían desde los centros de reclusión, particularmente aquellas relacionadas con extorsiones y la coordinación de homicidios.
La operación hace parte de las acciones de control penitenciario destinadas a impedir que las personas privadas de la libertad continúen dirigiendo actividades ilegales mediante teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación no autorizados.
La distribución de las reubicaciones se concentró principalmente en dos ciudades de la región Caribe. De acuerdo con los datos divulgados, Sincelejo registró el traslado de 46 internos, mientras que desde Montería fueron reubicadas 41 personas.
En Barranquilla y Cartagena, por su parte, fueron trasladados dos internos de cada ciudad, descritos en el informe como procesados de alta peligrosidad.
En total, los movimientos comprendieron a 91 personas privadas de la libertad. La estrategia busca modificar las condiciones de operación de los presuntos grupos criminales y dificultar la continuidad de comunicaciones y coordinaciones delictivas desde los establecimientos penitenciarios.
Las autoridades penitenciarias buscan reforzar los controles sobre los internos y reducir los riesgos asociados con el uso de las cárceles para mantener contacto con estructuras criminales que operan fuera de ellas.
De manera paralela a los traslados en el Caribe, funcionarios del Inpec, en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional, realizaron un operativo sorpresa de registro y control en la cárcel de alta seguridad de Girón, Santander.
Durante la inspección de las celdas, las autoridades incautaron una tarjeta SIM, 5,58 gramos de una sustancia vegetal estupefaciente, una batería para dispositivo móvil y cables de datos.
Estos elementos podrían facilitar comunicaciones no autorizadas desde el interior del establecimiento penitenciario, por lo que su hallazgo se enmarca en los esfuerzos para detectar y prevenir actividades ilegales dentro de las cárceles.
Los registros y las requisas forman parte de las herramientas de control utilizadas para identificar objetos prohibidos, limitar las comunicaciones clandestinas y fortalecer la seguridad en los centros de reclusión.
La intervención tiene como propósito impedir que los establecimientos penitenciarios funcionen como puntos de coordinación de delitos que afectan a ciudadanos, comerciantes y otros sectores de la población.
Las llamadas extorsivas constituyen uno de los riesgos que las autoridades buscan combatir mediante la restricción de comunicaciones ilegales y la reubicación estratégica de internos presuntamente vinculados con estas actividades.
Sin embargo, la efectividad de las medidas dependerá de la continuidad de los controles, las investigaciones correspondientes y la capacidad institucional para impedir que las redes criminales restablezcan sus canales de comunicación.
Con los traslados y las requisas, el Inpec busca reforzar la seguridad penitenciaria y contribuir a la lucha contra la extorsión y otras actividades delictivas coordinadas desde los centros de reclusión.
Nota editorial: Antes de publicar, es necesario verificar la atribución de la orden presidencial y el nombre del mandatario citado en el texto original, así como confirmar las cifras y los resultados del operativo con fuentes oficiales.
