Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio de la crisis de Ueno Bank, las protestas de los ahorristas y el respaldo de su propio Partido Colorado a un juicio político.

Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia de Paraguay este jueves 5 de noviembre de 2026, en medio de una profunda crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank. La decisión se produjo después de que el Partido Colorado, colectividad oficialista que lo llevó al poder, anunciara su respaldo al juicio político promovido por legisladores opositores y disidentes del oficialismo.

El mandatario comunicó su determinación mediante un video publicado en su cuenta de la red social X. En el mensaje aseguró que su salida buscaba proteger la estabilidad, la paz social y las instituciones democráticas del país.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, manifestó Peña, quien también pidió disculpas a los ciudadanos si en algún momento no estuvo a la altura de la confianza que recibió.

El ahora exmandatario puso especial énfasis en la situación de los ahorristas afectados por el cierre de Ueno Bank. Según expresó, su prioridad era garantizar que los paraguayos pudieran recuperar los recursos depositados en la entidad y que se protegieran los fondos públicos.

La renuncia se conoció mientras el Congreso se preparaba para debatir el pedido de juicio político en su contra y contra el vicepresidente Pedro Alliana. La dimisión fue confirmada por medios paraguayos y agencias internacionales.

Horacio Cartes retiró su respaldo a Peña

Uno de los acontecimientos que aceleró el desenlace político fue el pronunciamiento de Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado.

Cartes, quien fue uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial de Peña en 2023, anunció que la colectividad acompañaría el juicio político. Su declaración representó un golpe político para el mandatario, debido a la influencia que el exjefe de Estado mantiene dentro de la estructura partidista.

En un mensaje publicado en X, Cartes afirmó que el partido no estaría del lado de quienes fueran responsables de presuntas irregularidades con recursos públicos, privados y de los jubilados. También señaló que respaldaban el proceso de juicio político para recuperar la institucionalidad de la República.

La postura del dirigente colorado dejó a Peña sin el respaldo político que necesitaba para enfrentar la acusación parlamentaria. La crisis, que inicialmente tuvo un componente financiero, terminó convirtiéndose en un problema institucional para el Gobierno.

El juicio político tenía 35 firmas

La solicitud de juicio político fue presentada ante la Cámara de Diputados por un grupo de legisladores de oposición y disidentes del oficialismo. El documento contenía 35 firmas y señalaba presuntas responsabilidades de Peña y Alliana en la crisis relacionada con Ueno Bank.

Entre los diputados que impulsaron la acusación figuraban Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo. Los cuestionamientos estaban relacionados, entre otros aspectos, con posibles conflictos de intereses por los vínculos empresariales que el presidente había tenido con el grupo económico controlador de la entidad financiera.

El procedimiento, establecido en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, contemplaba una primera etapa en la Cámara de Diputados y, si la acusación era aprobada, el traslado del caso al Senado para su juzgamiento.

La crisis se agravó cuando Cartes y otros dirigentes oficialistas manifestaron su respaldo a la iniciativa. Sin embargo, la renuncia de Peña se produjo antes de que el Congreso completara el trámite de destitución.

Ueno Bank, el origen de la crisis financiera

El detonante de la situación fue la intervención y resolución de Ueno Bank, ordenada por el Banco Central del Paraguay (BCP) después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

La entidad tenía cerca de 2,9 millones de clientes en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes. Además, administraba importantes recursos de organismos estatales y fondos públicos, una situación que aumentó la preocupación por el impacto de su cierre.

La suspensión de sus operaciones dejó a numerosos usuarios sin acceso inmediato a sus cuentas y depósitos. La situación provocó filas en las sucursales, reclamos de los ahorristas y manifestaciones en Asunción.

El caso también generó cuestionamientos por las relaciones empresariales y políticas alrededor de la entidad. Peña había tenido participación accionaria en Ueno Holding, el grupo controlador del banco, hasta 2025. Asimismo, el entonces presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, había dirigido anteriormente una entidad financiera vinculada al conglomerado.

Carvallo presentó su renuncia a comienzos de la crisis, mientras las autoridades avanzaban con las medidas para atender a los depositantes y esclarecer las presuntas irregularidades.

Gobierno aprobó medidas para proteger a los ahorristas

En medio de la emergencia, el Congreso aprobó una ley destinada a facilitar la devolución de los depósitos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos. Peña promulgó la norma antes de anunciar su renuncia.

La legislación estableció un mecanismo de anticipo para que los depositantes pudieran recuperar una parte de sus recursos en un plazo determinado. La medida buscaba reducir la incertidumbre entre los clientes y contener las consecuencias sociales de la intervención bancaria.

También se anunció la designación del economista Raúl Vera Bogado para asumir la dirección del Banco Central, después de la salida de Carvallo. Su nombramiento debía seguir el procedimiento institucional correspondiente.

La prioridad de las autoridades era evitar que la crisis de una entidad financiera se extendiera al conjunto del sistema bancario paraguayo y garantizar que los recursos de los ahorristas fueran atendidos conforme a las disposiciones legales.

Fiscalía investiga a directivos de Ueno Bank

En paralelo a la crisis política, el Ministerio Público abrió una investigación por presuntas irregularidades financieras relacionadas con operaciones realizadas entre 2025 y 2026.

La Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas directivos y vinculados con la entidad, por supuestas operaciones de crédito y sobregiros concedidos a empresas relacionadas con el mismo grupo económico. Según la investigación, algunas de esas operaciones habrían incumplido los parámetros habituales de evaluación de riesgo.

Entre los investigados se encuentra Miguel Vásquez, uno de los principales accionistas y fundadores de la entidad. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para él y medidas de arresto domiciliario para otros directivos.

Las imputaciones corresponden a señalamientos que deberán ser examinados por la justicia y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia

Tras la renuncia de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la jefatura del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el mecanismo de sucesión establecido en el artículo 234 de la Constitución paraguaya.

El Congreso deberá adelantar los procedimientos correspondientes para formalizar la salida del mandatario y la posesión de su sucesor, quien tendrá la responsabilidad de continuar el periodo presidencial que comenzó en agosto de 2023 y que debía extenderse hasta 2028.

La salida de Santiago Peña marca un episodio de alta tensión en la política paraguaya. Lo que comenzó como una crisis bancaria por la intervención de Ueno Bank terminó comprometiendo la estabilidad del Gobierno, debilitando el respaldo del Partido Colorado y provocando la renuncia del presidente antes de que avanzara el juicio político.

El desafío inmediato para las nuevas autoridades será recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero, garantizar la devolución de los ahorros y permitir que las investigaciones judiciales determinen las responsabilidades por las presuntas irregularidades.