La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) quedó en el centro de una nueva controversia política tras la revelación de documentos reservados que advierten sobre presuntas operaciones de espionaje a expresidentes, ataques informáticos contra entidades del Estado e intentos de interferir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2026.
La investigación fue divulgada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que tuvo acceso a un informe de 26 páginas elaborado por funcionarios de la propia entidad en julio de este año y dirigido al director entrante de la agencia. El documento está identificado como “reservado y de distribución controlada” y contiene alertas sobre posibles irregularidades durante la administración del presidente Gustavo Petro.
Uno de los asuntos más delicados tiene que ver con la participación de la DNI en la asignación de los vehículos destinados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes de la República. Según el informe, esta función habría despertado sospechas sobre un eventual interés de la agencia en obtener información de las personas protegidas.
Presunto espionaje a expresidentes
De acuerdo con los documentos conocidos por Noticias Caracol, el Gobierno expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual se incorporó a la Dirección Nacional de Inteligencia entre las entidades encargadas de participar en la asignación de los vehículos para los esquemas de seguridad de los exmandatarios.
El informe cuestiona esa participación y plantea que los automotores podrían haber sido acondicionados con dispositivos de seguimiento GPS y micrófonos para obtener información sobre las personas protegidas.
El documento señala que una entidad de inteligencia no tendría una razón técnica para intervenir en la asignación de esos vehículos, a menos que existiera un propósito de control o vigilancia sobre sus ocupantes.
Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, cuestionó esa actuación y aseguró que la agencia habría excedido sus competencias.
El especialista también advirtió que cualquier operación de inteligencia debe contar con autorización, justificación y mecanismos de supervisión, debido a las facultades que tiene el Estado para acceder a información de particulares.
Una casa clandestina cerca de la Embajada de Estados Unidos
Otro de los hallazgos mencionados en el informe es la supuesta existencia de una casa de inteligencia clandestina ubicada a pocos metros de la sede de la Embajada de Estados Unidos, en Bogotá.
Según el documento, el inmueble habría funcionado como una sede operativa no registrada oficialmente en los archivos de la Dirección Nacional de Inteligencia. La investigación periodística señala que la vivienda fue desocupada después de las elecciones presidenciales y que los registros sobre su existencia habrían desaparecido de los archivos institucionales.
El informe no establece de manera concluyente cuál habría sido la misión de esa instalación ni quiénes participaron en sus operaciones. Sin embargo, plantea interrogantes sobre el uso de instalaciones no registradas y el alcance de las actividades que pudieron desarrollarse allí.
Alerta por posibles equipos con malware ruso
La investigación también reveló una advertencia sobre equipos tecnológicos que Rusia habría entregado a funcionarios de la DNI.
De acuerdo con el informe, los dispositivos —entre ellos computadores y teléfonos celulares— habrían sido suministrados a integrantes de la agencia que viajaron a Moscú para recibir capacitación del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, conocido como SVR.
La preocupación expuesta en el documento es que esos aparatos pudieran contener programas maliciosos diseñados para acceder a información reservada y espiar al siguiente Gobierno.
Por esa razón, el informe recomendó realizar una revisión forense inmediata de todos los dispositivos de la entidad para establecer si existió alguna infiltración informática.
Hasta el momento, estos señalamientos corresponden a alertas consignadas en el documento y no constituyen por sí mismos una confirmación de que los equipos hayan sido utilizados para espiar.
Carlos Oyola, el funcionario señalado de ataques informáticos
Uno de los nombres que aparece en los documentos es el de Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas que ingresó a la Dirección Nacional de Inteligencia en febrero de 2024 y que fue capturado el pasado 6 de noviembre en Neiva.
Según los informes internos citados por Noticias Caracol, Oyola habría participado en operaciones informáticas contra entidades estatales para permitir que integrantes de contrainteligencia accedieran a sus bases de datos.
El documento sostiene que esa información habría sido almacenada en una plataforma en la nube y posteriormente se habría perdido. También señala que, después de su paso por el área de contrainteligencia, el entonces director general de la DNI, Jorge Lemus, lo habría reubicado en el grupo de tecnología.
Sin embargo, el señalamiento más grave está relacionado con las elecciones presidenciales. Según una anotación del informe, Oyola habría liderado una red de personas encargadas de ejecutar ataques contra los sistemas de la Registraduría Nacional con el propósito de modificar los resultados de la votación del 21 de junio de 2026, correspondiente a la segunda vuelta presidencial.
El documento también indica que el funcionario tenía una orden de captura expedida por un juez el 7 de mayo de 2026, semanas antes de la primera vuelta electoral. Pese a ese requerimiento judicial, habría continuado vinculado a la entidad.
De acuerdo con la investigación periodística, horas antes de un allanamiento de la Fiscalía a un apartamento que habría funcionado como fachada de la DNI, Oyola logró escapar. En el inmueble quedaron computadores, celulares y otros dispositivos que posteriormente habrían quedado en poder de las autoridades.
Su captura se produjo el 6 de noviembre en Neiva, en una operación en la que participaron el Gaula Militar, el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional. La detención está relacionada con investigaciones por presuntos delitos informáticos, entre otros hechos que son materia de indagación.
La Fiscalía también queda bajo cuestionamiento
La información divulgada abrió interrogantes sobre la actuación de la Fiscalía General de la Nación y el seguimiento que se habría realizado a las actividades de Oyola.
Uno de los puntos que genera dudas es cómo el funcionario pudo permanecer vinculado a la DNI durante varios meses pese a tener una orden de captura vigente. También se busca establecer qué ocurrió con los dispositivos incautados y si contenían información relacionada con los presuntos ataques a la Registraduría.
Noticias Caracol informó que consultó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por las referencias a supuestas reuniones con Oyola que aparecen en los documentos, pero no obtuvo respuesta. El medio también buscó a los exdirectores de la DNI Rafael Guarín y Jorge Lemus, sin recibir declaraciones.
El caso plantea un desafío para los organismos de investigación y control: determinar si las alertas contenidas en los informes corresponden a operaciones ejecutadas, planes que no llegaron a concretarse o actuaciones irregulares dentro de la agencia.
La controversia alrededor de la DNI vuelve a poner bajo escrutinio el manejo de las capacidades de inteligencia del Estado, los controles sobre sus operaciones y la protección de la información reservada. El esclarecimiento de los hechos dependerá de las investigaciones judiciales y de las verificaciones técnicas que permitan establecer responsabilidades.
