Los contratos de la Cancillería quedaron bajo revisión tras detectarse 322 firmas en dos días y 19 acuerdos observados por más de $100.000 millones.

Contratos de la Cancillería quedaron bajo revisión luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores identificara posibles irregularidades en acuerdos suscritos durante enero de 2026, en los últimos meses de la administración del expresidente Gustavo Petro. Entre los resultados más llamativos del análisis figura que 322 de los 809 contratos registrados durante ese mes fueron firmados en apenas dos días.

La revisión también permitió identificar observaciones sobre 19 contratos cuyo valor conjunto supera los 100.000 millones de pesos. Ante estos resultados, la documentación correspondiente fue remitida a la Contraloría General de la República, organismo que deberá adelantar las verificaciones para establecer si existieron irregularidades en la utilización de los recursos públicos.

Los hallazgos fueron divulgados por la nueva administración de la Cancillería, que puso bajo examen los procesos de contratación realizados durante el periodo señalado, con el propósito de determinar si las actuaciones administrativas se ajustaron a las disposiciones legales y a los principios que rigen la contratación estatal.

El volumen de contratos suscritos en un periodo tan corto y las observaciones sobre acuerdos de elevada cuantía se convirtieron en los principales elementos de la revisión. Sin embargo, el Ministerio aclaró que los valores comprometidos no representan automáticamente un detrimento patrimonial, pues corresponde a los organismos de control establecer si hubo daños a los recursos del Estado.

Contratos de la Cancillería presentan observaciones por más de $100.000 millones

Uno de los aspectos centrales del informe corresponde a los 19 contratos que fueron identificados con posibles irregularidades y cuyo valor conjunto supera los 100.000 millones de pesos.

La documentación fue trasladada a la Contraloría General de la República para que examine las condiciones en las que se celebraron estos acuerdos, los procedimientos utilizados y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La intervención del organismo de control busca establecer si existen elementos que permitan determinar responsabilidades fiscales o si las observaciones corresponden a situaciones administrativas que requieren aclaraciones.

Es importante precisar que la identificación de posibles irregularidades no equivale a una declaración de culpabilidad. Hasta el momento, con la información divulgada por el Ministerio, no existe una decisión definitiva que establezca responsabilidades fiscales o penales contra los funcionarios o contratistas relacionados con los procesos examinados.

Cancillería encontró contratos repetidos y firmados en fines de semana

Los resultados recientes se suman a otro informe divulgado por la Cancillería el 5 de octubre, cuando la entidad presentó los resultados de una revisión de 811 contratos por aproximadamente 92.846 millones de pesos.

En ese análisis se identificaron diferentes patrones de contratación que llamaron la atención de la administración. Entre ellos, la existencia de 551 contratos con actividades repetidas o altamente similares y 367 acuerdos cuyos objetos contractuales eran idénticos, aunque presentaban diferencias en sus valores.

Otro dato relevante fue la concentración de firmas durante los últimos días de enero. Según el informe, 227 contratos fueron suscritos el 30 de enero, por un valor acumulado de 21.137 millones de pesos.

La revisión también encontró que 101 contratos se firmaron durante fines de semana, una circunstancia que fue incluida entre los aspectos que requieren examen administrativo.

Adicionalmente, la Cancillería señaló la existencia de un contrato por 2.839 millones de pesos cuyo plazo de ejecución era de apenas dos días, situación que también fue incorporada dentro de los elementos analizados.

Estas cifras forman parte de las observaciones que la entidad ha presentado sobre la contratación realizada durante el periodo estudiado y que deberán ser contrastadas con los documentos, las justificaciones técnicas y las condiciones de ejecución de cada acuerdo.

Contratación directa también quedó bajo revisión

Otro de los puntos destacados por el Ministerio de Relaciones Exteriores fue el uso de la contratación directa. De acuerdo con el informe, el 99,6 % de los contratos examinados fueron adjudicados mediante esta modalidad.

La contratación directa está contemplada en la legislación colombiana y puede utilizarse cuando se presentan determinadas causales legales. Por esta razón, su aplicación no constituye por sí sola una irregularidad ni demuestra que se hayan desconocido las normas de contratación pública.

Sin embargo, la concentración de acuerdos bajo esta modalidad hace parte de los aspectos que pueden ser examinados para determinar si cada procedimiento estuvo debidamente justificado y cumplió los requisitos establecidos.

La revisión busca establecer si existieron deficiencias en la planeación, posibles duplicidades en los objetos contractuales o situaciones que puedan comprometer la transparencia y eficiencia del gasto público.

Hallazgos se conocen en medio del debate sobre el gasto estatal

La divulgación de estos resultados también coincide con la discusión sobre la denominada Ley de Rescate Económico, iniciativa impulsada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, que plantea reducir en un 50 % el gasto en contratos de prestación de servicios para 2027.

El Ejecutivo ha presentado esta propuesta como parte de una estrategia para disminuir los gastos de funcionamiento y revisar la destinación de los recursos públicos.

En ese contexto, los hallazgos de la Cancillería vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la contratación estatal, los mecanismos de vigilancia y la necesidad de garantizar que los recursos del presupuesto nacional sean utilizados de manera eficiente.

Por ahora, los contratos remitidos a la Contraloría permanecen sujetos a verificación. El resultado de las investigaciones permitirá determinar si las observaciones encontradas corresponden a situaciones administrativas, incumplimientos normativos o hechos que puedan generar responsabilidades.

La atención estará puesta en las conclusiones de los organismos de control, que deberán establecer si existen elementos suficientes para adoptar decisiones frente a los contratos examinados.