Las amenazas contra medios de comunicación en Colombia recibieron un nuevo rechazo internacional. La Embajada de Estados Unidos en el país expresó su solidaridad con los periodistas y trabajadores afectados por las alertas de posibles atentados registradas durante el pasado fin de semana y reafirmó su respaldo a la libertad de prensa y de expresión.
El pronunciamiento fue divulgado este martes 10 de noviembre de 2026 a través de la cuenta oficial de la representación diplomática en la red social X. En su mensaje, la Embajada calificó como inaceptables las intimidaciones y recordó que la libertad de prensa constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia.
“Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión —un pilar democrático fundamental que une a nuestras naciones”, señaló la institución.
La declaración también incluyó un llamado a proteger a los ciudadanos frente a la violencia de las organizaciones criminales. “Los ciudadanos de nuestro hemisferio merecen vivir sin miedo. Las organizaciones terroristas solo traen violencia, extorsión y destrucción”, agregó la Embajada.
Evacuación de Caracol Televisión por amenazas
La reacción diplomática se produjo después de que, durante la noche del sábado 7 de noviembre, Caracol Televisión evacuara a sus trabajadores de su sede principal en Bogotá, tras recibir información de las autoridades sobre la presunta intención de grupos armados ilegales de atentar contra sus instalaciones.
El canal confirmó que había sido advertido sobre el posible ataque y que activó sus protocolos de seguridad para proteger al personal y las instalaciones. En el mismo complejo donde funciona la compañía también tienen presencia el diario El Espectador y la emisora Blu Radio.
La Policía Metropolitana de Bogotá realizó verificaciones en el lugar y comunicó que no encontró evidencias de explosivos dentro de las instalaciones ni en sus inmediaciones. Sin embargo, las autoridades mantuvieron las medidas preventivas ante la información recibida.
La alerta también alcanzó a Caracol Radio, que informó haber recibido advertencias sobre el riesgo de un posible atentado contra la empresa y otros medios de comunicación. La emisora aseguró que activó sus protocolos para proteger a periodistas, colaboradores y visitantes, en coordinación con las autoridades.
Asimismo, se conocieron advertencias relacionadas con RCN y la revista Semana. La Alcaldía de Bogotá anunció medidas preventivas, mientras los organismos competentes avanzaban en la revisión de la información de inteligencia. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) indicó que las alertas mencionaban un posible plan del ELN, aunque pidió esclarecer el origen y alcance de las amenazas.
La SIP exige investigaciones y garantías para periodistas
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó las amenazas contra los medios colombianos y solicitó una respuesta efectiva de las autoridades para garantizar la seguridad de periodistas, trabajadores e instalaciones.
El presidente de la organización, Carlos Jornet, sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de impedir que el miedo se convierta en una herramienta de censura. La entidad advirtió que ningún grupo criminal puede decidir qué información se publica, qué investigaciones se realizan o cuáles voces tienen derecho a expresarse.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que cuando los periodistas deben considerar si informar puede poner en peligro sus vidas o las de sus compañeros, el ejercicio de la libertad de prensa ya enfrenta una afectación.
La organización pidió investigaciones exhaustivas para establecer el origen de las intimidaciones, identificar a los responsables y evitar que los hechos queden impunes. También insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección.
AMI advierte sobre ataques contra periodistas
La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) rechazó las amenazas contra Caracol Televisión, Caracol Radio, RCN y otros medios, y pidió garantías para el ejercicio libre e independiente del periodismo.
En su pronunciamiento, la organización citó cifras del Índice Chapultepec de la SIP y señaló que entre agosto de 2022 y julio de 2026 se registraron más de 2.000 ataques contra cientos de periodistas en Colombia. Según los datos divulgados por la asociación, durante ese periodo fueron asesinados diez comunicadores, cuatro de ellos en 2026.
La AMI advirtió que las amenazas, los atentados y la estigmatización pueden generar un ambiente de hostilidad que favorezca la censura y la autocensura.
“Con las amenazas y atentados a periodistas y medios, y el consecuente amedrentamiento, la censura, la autocensura, quien más pierde es la sociedad entera”, expresó la organización.
Además, recordó que la libertad de prensa no es un privilegio exclusivo de quienes trabajan en los medios, sino una garantía para toda la ciudadanía, que necesita acceder a información plural para comprender la realidad y formar su propio criterio.
Autoridades colombianas rechazan las intimidaciones
Las alertas también provocaron pronunciamientos de organismos del Estado y autoridades nacionales. La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría expresaron su rechazo a las amenazas y reclamaron garantías para los trabajadores de los medios.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó como grave la información sobre posibles atentados y pidió esclarecer las circunstancias de las advertencias, verificar su alcance y adoptar medidas de protección.
El presidente Abelardo De la Espriella, por su parte, anunció instrucciones para reforzar la seguridad de Caracol Televisión, RCN y la revista Semana. La FLIP insistió en que las autoridades deben mantener la protección y avanzar en las investigaciones.
En medio de los pronunciamientos nacionales e internacionales, la Embajada de Estados Unidos reiteró que la libertad de prensa y de expresión debe protegerse frente a cualquier forma de violencia. Las organizaciones periodísticas, entretanto, mantienen su llamado para que las medidas de seguridad no se limiten a atender las alertas inmediatas, sino que garanticen condiciones permanentes para informar sin amenazas ni intimidaciones.