El presidente Abelardo De La Espriella ordenó suspender los pagos de la nómina del Fondo Milagro, que supera los $765 millones mensuales para 27 funcionarios. El mandatario cuestionó los elevados salarios y exigió reversar las asignaciones en medio de las demoras en las ayudas para los damnificados por el terremoto.

El Fondo Milagro quedó en el centro de la controversia luego de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara frenar el pago de su nómina mensual, cuyo costo asciende a $765.641.454. La decisión responde a los cuestionamientos del mandatario por los salarios asignados a los directivos y funcionarios de la entidad, al considerar que estas remuneraciones no corresponden a la política de austeridad promovida por su Gobierno.

La determinación presidencial se conoció después de divulgarse las cifras correspondientes a los 27 funcionarios vinculados al organismo encargado de coordinar y administrar los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

De acuerdo con la información conocida, los salarios básicos de estos trabajadores superan en conjunto los $765 millones mensuales, sin incluir primas, prestaciones sociales y otros conceptos laborales. Además, 20 de los 27 cargos tienen asignaciones superiores a los $30 millones.

Ante esta situación, De La Espriella expresó públicamente su rechazo a la estructura salarial y aseguró que no había autorizado esos pagos.

“Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”, manifestó el presidente.

El mandatario también advirtió que ningún funcionario tiene garantizada su permanencia en el cargo y señaló que quienes adopten decisiones contrarias a sus instrucciones deberán asumir las consecuencias. Asimismo, anunció que en las próximas horas se conocerán medidas correctivas para modificar la situación administrativa de la entidad.

Fondo Milagro enfrenta cuestionamientos por su nómina

El Fondo Milagro, bajo la dirección de Jaime Uribe, fue creado para gestionar recursos públicos y privados destinados a atender las necesidades de las poblaciones afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto.

Su propósito es coordinar las intervenciones necesarias para la recuperación de las zonas afectadas, apoyar a las comunidades damnificadas y facilitar la reconstrucción de la infraestructura que sufrió daños durante la emergencia.

Sin embargo, la entidad ha enfrentado cuestionamientos de congresistas y alcaldes de los municipios afectados, principalmente por las demoras en la entrega de ayudas y el tamaño de su estructura administrativa.

La controversia se intensificó al conocerse que, mientras la nómina mensual supera los $765 millones, los resultados contractuales relacionados con las obras de reconstrucción todavía presentan cifras considerablemente menores frente al presupuesto disponible.

Presupuesto de $624.656 millones y contratos por $7.440 millones

Según los datos divulgados, el Fondo Milagro cuenta con un presupuesto aprobado de $624.656 millones para ejecutar intervenciones urgentes en los territorios afectados por el movimiento sísmico.

No obstante, los procesos contractuales adelantados hasta el momento suman aproximadamente $7.440 millones, destinados principalmente a trabajos de demolición e interventorías en Pereira y Cali.

Esta diferencia entre los recursos presupuestados y los contratos gestionados ha generado interrogantes sobre la velocidad de ejecución de los proyectos y la capacidad administrativa del organismo para responder a las necesidades de las comunidades.

Los cuestionamientos también se relacionan con la distribución de los recursos, los gastos de funcionamiento y la prioridad que debe tener la atención de las familias damnificadas frente a los costos de operación de la entidad.

Derecho de petición reveló los salarios

La información sobre los salarios de los 27 funcionarios del Fondo Milagro fue conocida a partir de datos obtenidos mediante un derecho de petición presentado por la senadora Kamelia Zuluaga.

Las cifras divulgadas permitieron conocer el costo mensual de la nómina y las asignaciones salariales de los integrantes de la entidad, generando un debate sobre la proporcionalidad de estos gastos frente a las responsabilidades de reconstrucción que tiene el organismo.

Con la orden presidencial de suspender los pagos y reversar las asignaciones cuestionadas, se abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el manejo administrativo y financiero del Fondo Milagro.

Ahora se espera que el Gobierno anuncie las medidas correctivas, precise los mecanismos administrativos para modificar la nómina y explique cómo garantizará la continuidad de las funciones de la entidad.

El debate también pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de acelerar la ejecución de los recursos destinados a los damnificados, mientras las autoridades deben demostrar que el presupuesto aprobado se traduce en ayudas, obras y soluciones concretas para las comunidades afectadas por el terremoto.