Por: Redacción.
La Procuraduría General de la Nación abrió 10 investigaciones disciplinarias a los actuales gobernadores de Arauca, Atlántico, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Santander, Sucre y Vaupés, por presunta mora en adelantar el proceso contractual para seleccionar el operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para la vigencia 2018, que pudo afectar a más de 653.300 niños, niñas y adolescentes beneficiarios.
El órgano de control adelanta proceso disciplinario a los mandatarios territoriales Ricardo Alvarado Bestene (Arauca), Eduardo Ignacio Verano De la Rosa (Atlántico), Álvaro Pacheco Alvarez (Caquetá), Oscar Rodrigo Campo Hurtado (Cauca), Jorge Emilio Rey Ángel (Cundinamarca), Carlos Eduardo Osorio Buriticá (Quindío), Oscar Barreto Quiroga (Tolima), Didier Alberto Tavera Amado (Santander), Edgar Enrique Martínez Romero (Sucre) y Jesús María Vásquez Caicedo (Vaupés).
Para el caso de Arauca, el órgano de control investiga tanto al gobernador como a la secretaria de Educación, Nelcy Orely Rojas Mojica, por una presunta mora por parte de la administración departamental en adelantar el proceso contractual para seleccionar el operador del PAE, lo que generó la no prestación del servicio desde el 29 de enero de 2018, fecha en que inició el calendario escolar, hasta el 20 de marzo, cuando empezó el suministro del complemento alimentario a los 14.793 estudiantes.
Por los mismos hechos presuntamente irregulares, el ente de control abrió investigación al gobernador de Atlántico, Eduardo Ignacio Vera de La Rosa, y su secretario de Educación, Dagoberto Barraza San Juan. Al parecer, en el departamento no se prestó el servicio desde el primer día del calendario escolar y se empezó a suministrar hasta el 21 de marzo a 48.226 beneficiarios.
Así mismo, se investiga a los mandatarios territoriales de Caquetá y a la secretaria de Educación, Amita Cedeño Ospina (el servicio se empezó a prestar hasta el 20 de marzo a 30.723 estudiantes); de Cauca y a la secretara de Educación y Cultura, Yolanda Meneses Meneses (el servicio se empezó a prestar hasta 5 de marzo a 159.737 estudiantes); de Cundinamarca y a la secretaria, María Ruth Hernández (el servicio se empezó a prestar hasta el 2 de abril a 172.259 estudiantes); de Quindío y al secretario Francisco Javier López Sepúlveda (el servicio se empezó a prestar hasta 21 de mayo a 22.374 estudiantes); de Tolima, y al secretario Jairo Alberto Cardona Bonilla (el servicio se empezó a prestar hasta 2 de mayo a 55.217 estudiantes); de Santander y a la secretaria Doris Elisa Gordillo Garcés (el servicio se empezó a prestar hasta el 2 de abril a 135.000 estudiantes); de Sucre y al secretario Tulio José Oviedo Hernández (el servicio se empezó a prestar hasta el 30 de mayo a 74.000 estudiantes), y de Vaupés y al secretario José Benedicto Pérez Olivera (el servicio se empezó a prestar hasta el 20 de marzo a 1.034 estudiantes).
La Procuraduría decretó la práctica de pruebas con el objetivo de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, y el perjuicio causado a la administración pública por los particulares investigados.
Así mismo, dispuso escucharlos en versión libre si así lo deciden los investigados.
