La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para que revise y ajuste el proyecto de decreto que plantea cambios en los topes de la Vivienda de Interés Social (VIS) y en su esquema de comercialización, al advertir posibles riesgos en su implementación.

En el marco de su función preventiva, la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública identificó cuatro aspectos clave que deben ser fortalecidos antes de la expedición de la normativa. Entre ellos se destacan la necesidad de garantizar seguridad jurídica en la medida, asegurar un sustento económico sólido con enfoque territorial, definir reglas claras de transición para los proyectos que actualmente están en ejecución y realizar una evaluación integral del impacto social que podría generar la iniciativa.

El ente de control reconoció que el objetivo del proyecto es mejorar la transparencia en la fijación de precios de las viviendas VIS, así como proteger a los compradores frente a incrementos inesperados. Sin embargo, advirtió que estos cambios podrían tener efectos colaterales importantes en el sector, especialmente en lo relacionado con la oferta de vivienda, la viabilidad financiera de proyectos en distintas regiones del país y el acceso efectivo de los hogares a este tipo de soluciones habitacionales.

Según la Procuraduría, la falta de claridad en algunos puntos del decreto podría generar incertidumbre tanto para constructores como para compradores, lo que eventualmente impactaría negativamente el dinamismo del mercado de vivienda social. Asimismo, subrayó la importancia de que las medidas contemplen las diferencias territoriales, dado que las condiciones económicas y de desarrollo varían significativamente entre regiones, lo que exige un análisis diferenciado.

Otro de los puntos críticos señalados es la ausencia de lineamientos específicos para la transición de proyectos en curso. Este vacío podría afectar iniciativas que ya cuentan con avances significativos, generando posibles retrasos o sobrecostos que terminarían trasladándose a los usuarios finales.

La entidad también enfatizó la necesidad de evaluar de manera amplia el impacto social de la medida, teniendo en cuenta que cualquier modificación en las condiciones de la vivienda VIS puede incidir directamente en el acceso a soluciones habitacionales para poblaciones de ingresos bajos y medios.

Finalmente, la Procuraduría reiteró que su intervención se realiza sin coadministrar ni sustituir las competencias del Gobierno nacional, sino como parte de su labor preventiva para anticipar riesgos y contribuir a que las decisiones públicas se adopten con criterios de legalidad, sostenibilidad y enfoque social. El llamado busca que el decreto, antes de su eventual expedición, cuente con los ajustes necesarios para evitar efectos adversos en el sector y garantizar el cumplimiento de sus objetivos.