Un fuerte debate político se desató en la Asamblea del Atlántico tras la inasistencia de la agente interventora de la ESE UNA, Maryury Díaz Céspedes, quien estaba citada para rendir cuentas sobre la crítica situación financiera y operativa de la entidad. Su ausencia fue interpretada por los diputados como una falta de compromiso con el control político, lo que elevó el tono de las críticas y derivó en nuevas acciones institucionales.
El presidente de la Asamblea, Estéfano González Díaz, cuestionó duramente la falta de respuestas por parte de la intervención. Según indicó, no solo hubo ausencia en el debate, sino también incumplimiento en la entrega de información solicitada previamente. “No fueron capaces ni siquiera de responder un cuestionario. Eso es inaceptable frente a una crisis de esta magnitud”, afirmó, al tiempo que anunció la radicación de un derecho de petición para exigir claridad sobre la situación de la red hospitalaria.
Durante la sesión, González Díaz advirtió sobre la gravedad del panorama financiero que enfrenta la entidad, señalando que el déficit ya supera los 100.000 millones de pesos y que se trata de un problema estructural que se ha venido agravando con el tiempo. La falta de información, añadió, incrementa la incertidumbre y afecta directamente a los usuarios del sistema de salud en el departamento.
Ante este escenario, la Asamblea decidió acudir a organismos de control para garantizar mayor vigilancia y transparencia. El presidente de la corporación anunció que se solicitará formalmente el acompañamiento de entidades como la Contraloría General de la República y la Contraloría Departamental del Atlántico, con el objetivo de esclarecer el manejo de los recursos y evaluar el impacto de la intervención en la prestación del servicio.
En medio del debate, también se aclaró que el secretario de Salud departamental, Luis Fajardo, no estaba formalmente citado, aunque asistió como invitado. Según González Díaz, la responsabilidad de responder recaía exclusivamente en la ESE UNA, cuyos representantes no comparecieron. Asimismo, el dirigente advirtió que problemáticas como la salud y la seguridad se han convertido en prioridades urgentes para la ciudadanía.
Por su parte, el diputado Roberto Rodríguez centró sus críticas en la administración departamental, señalando que la responsabilidad final recae en el gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Según afirmó, el mandatario debe liderar la articulación entre la intervención, el equipo de salud y las instituciones para garantizar soluciones efectivas.
Rodríguez también cuestionó la falta de acciones concretas frente a propuestas planteadas desde la Asamblea, como la revisión del modelo de la ESE UNA y la devolución de autonomía a los hospitales. A su juicio, el silencio institucional agrava una situación ya crítica, marcada por la falta de claridad en el manejo de recursos y el deterioro de la red hospitalaria.
El diputado alertó además sobre las condiciones en centros asistenciales clave como el Cari, el Niño Jesús, el Juan Domínguez Romero y el hospital de Sabanalarga, donde, según dijo, persisten problemas en la calidad del servicio, deudas acumuladas y ausencia de una inyección financiera que permita superar la crisis.
Finalmente, el diputado Alfredo Valera amplió las críticas al señalar fallas estructurales en la administración departamental, incluyendo desorden y desfinanciación en sectores como infraestructura y mantenimiento vial. En ese contexto, hizo un llamado urgente a tomar decisiones de fondo y ejercer un liderazgo efectivo que permita recuperar la confianza ciudadana y mejorar la gestión pública en el Atlántico.
