La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, por presuntas irregularidades electorales que habrían involucrado a funcionarios, contratistas y personal vinculado a la administración distrital.
De acuerdo con la denuncia, existiría una supuesta estructura organizada dentro de la Alcaldía de Santa Marta destinada a desarrollar actividades político-electorales en favor de una campaña presidencial. Las acusaciones señalan la participación de servidores públicos y contratistas en actividades como distribución de propaganda, recorridos por barrios, caravanas y jornadas de registro de potenciales votantes.
Como parte del material probatorio entregado a las autoridades, la Superintendencia aportó documentos, cronogramas de actividades, capturas de conversaciones de WhatsApp y registros asociados a una plataforma digital denominada “votaciones.xyz”, que presuntamente habría sido utilizada para recopilar información de ciudadanos con fines electorales.
Entre las evidencias presentadas figuran listados identificados como “Toma de barrios” y “Toma de semáforos”, en los cuales aparecen dependencias de la administración distrital con fechas, horarios y puntos específicos para la ejecución de actividades en distintos sectores de la ciudad.
La denuncia también incluye mensajes que, según la entidad denunciante, evidenciarían presuntas presiones sobre funcionarios y contratistas para participar en actividades proselitistas. En algunos casos, dichas presiones estarían relacionadas con la continuidad de contratos, renovaciones o desembolsos pendientes, situación que será materia de verificación por parte de los organismos competentes.
Asimismo, dentro del expediente se mencionan supuestas presiones sobre integrantes de los Equipos Básicos de Salud de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, además de mensajes en los que se establecen metas de registros electorales por persona con plazos determinados para su cumplimiento.
Ante la Fiscalía, Navarro solicitó investigar posibles conductas como constreñimiento al sufragante, corrupción electoral, participación indebida en política por parte de servidores públicos, utilización indebida de datos personales y cualquier otro delito que pueda derivarse del análisis de las pruebas aportadas.
La funcionaria también pidió identificar a los presuntos responsables, inspeccionar plataformas digitales relacionadas con los hechos denunciados y tomar declaraciones a funcionarios, contratistas y demás personas que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.
“Los samarios merecen votar en libertad, sin miedo y sin presiones”, manifestó Navarro al referirse a la importancia de garantizar la transparencia del proceso democrático.
Por su parte, la Procuraduría deberá establecer si existió utilización de recursos públicos o de la estructura administrativa con fines electorales. Mientras avanzan las investigaciones, el caso abre un nuevo frente de debate político en Santa Marta y podría generar repercusiones en el escenario preelectoral de la región.
