La polémica alrededor de la solicitud de suspensión provisional del presidente Gustavo Petro tomó un nuevo rumbo luego de que la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta corrigiera el documento inicial y aclarara que cualquier avance de la medida depende, en primer lugar, de una discusión y votación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La congresista del Pacto Histórico presentó una adición al auto radicado previamente, precisando que el procedimiento legal exige que dicha comisión estudie y apruebe la solicitud antes de que pueda ser remitida a otras instancias. Con esta modificación quedó descartada la interpretación según la cual el caso podría llegar de manera inmediata al Senado de la República.

La corrección se produjo después de que diversos expertos en derecho y sectores políticos cuestionaran la validez jurídica del documento original, señalando posibles inconsistencias en el trámite planteado. La nueva redacción establece que la Comisión de Acusaciones tiene la responsabilidad de realizar el análisis inicial de la petición y que solo en caso de prosperar podría trasladarse al Senado para una eventual decisión de fondo.

Desde la ciudad de Nueva York, donde participa en actividades relacionadas con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Petro reaccionó a la controversia y afirmó que no existe ninguna determinación que lo aparte de sus funciones como jefe de Estado. El mandatario sostuvo que se trata de una iniciativa impulsada por una congresista y que aún debe surtir todas las etapas previstas en la ley.

Asimismo, el presidente cuestionó la viabilidad jurídica de la propuesta al señalar que la Comisión de Acusaciones no tendría facultades para suspender directamente a un presidente en ejercicio sin cumplir los procedimientos constitucionales correspondientes.

El episodio ha intensificado el debate político y jurídico sobre el alcance de las competencias de la Comisión de Acusaciones y los mecanismos existentes para tramitar una eventual suspensión presidencial. Por ahora, la solicitud permanece en fase de estudio y será evaluada por los integrantes de esa célula legislativa antes de cualquier decisión posterior.