Un grupo de reconocidos profesores de derecho y exmagistrados de las altas cortes abrió un debate jurídico sobre la elegibilidad presidencial de Abelardo de la Espriella, al considerar que su nacionalidad estadounidense podría generar incompatibilidades con el ejercicio de la Presidencia de la República.

En un pronunciamiento público, los expertos señalaron que, aunque la legislación colombiana permite la doble nacionalidad, la situación adquiere una dimensión distinta cuando se trata de la ciudadanía estadounidense obtenida mediante naturalización. Según los firmantes, el juramento exigido por los Estados Unidos implica una renuncia expresa a toda lealtad hacia otras naciones, lo que podría entrar en conflicto con las responsabilidades constitucionales de un jefe de Estado colombiano.

Los juristas destacaron que, a diferencia de la nacionalidad italiana adquirida por descendencia, la ciudadanía estadounidense requiere un acto formal de naturalización en el que el solicitante jura renunciar “absoluta y enteramente” a cualquier fidelidad previa hacia otros Estados. Para los expertos, este compromiso no constituye un simple requisito administrativo, sino una obligación con posibles repercusiones jurídicas y éticas.

El documento sostiene que existe una “incompatibilidad evidente” entre las renuncias asumidas en dicho juramento y las funciones inherentes al cargo de presidente de Colombia, cuya misión principal es representar y defender exclusivamente los intereses de la Nación.

Los firmantes argumentan que una persona que haya adquirido la nacionalidad estadounidense bajo esas condiciones enfrentaría cuestionamientos sobre la coherencia entre los compromisos adquiridos durante la naturalización y las obligaciones constitucionales del mandatario colombiano.

El pronunciamiento agrega un nuevo elemento al debate político y jurídico de la campaña presidencial, al plantear interrogantes sobre el alcance de la doble nacionalidad en cargos de máxima representación estatal. No obstante, cualquier definición sobre la interpretación de estas disposiciones correspondería a las autoridades competentes y a los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la Constitución colombiana.