El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible liquidación de la empresa Air-e, encargada del suministro de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, generó preocupación en el sector energético debido a la falta de un plan conocido que garantice la continuidad del servicio en la región.

El Comité Intergremial de Energía y Gas, integrado por organizaciones como Andesco, Naturgas y otras entidades del sector, calificó la medida como apresurada y sin suficiente sustento técnico. Los gremios insistieron en que, antes de una liquidación, deben agotarse los mecanismos legales para encontrar una solución empresarial que asegure la prestación del servicio y el manejo de las deudas acumuladas.

Según el comité, Air-e atiende cerca del 11,3 % de la demanda nacional de energía y mantiene obligaciones cercanas a los 2,7 billones de pesos con distintos agentes del mercado eléctrico. Advirtieron que una salida sin una estrategia estructurada podría afectar la cadena de pagos, comprometer la liquidez del sector y poner en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Los gremios también solicitaron mayor transparencia sobre los análisis realizados durante la intervención estatal y pidieron a los organismos de control ejercer vigilancia preventiva sobre el proceso.

En respuesta, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que la intervención de Air-e fue concebida desde su inicio con fines liquidatorios y que esta posibilidad no constituye una decisión nueva. Agregó que la definición definitiva del futuro de la empresa requerirá estudios que probablemente serán concluidos por el próximo gobierno.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, manifestó preocupación por el impacto que tendría la desaparición de la compañía y señaló que la prioridad debe ser garantizar quién continuará prestando el servicio de energía a los usuarios de la región Caribe.