La Corte Suprema de Justicia absolvió a Wendy Camila Flórez Rodríguez y Diego Andrés Castellanos, luego de acoger el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación, que concluyó que los hechos por los que fueron procesados no constituían el delito de extorsión en grado de tentativa.

El caso se remonta a agosto de 2018, cuando fue encontrado un teléfono celular en el sistema TransMilenio. La persona que halló el dispositivo se comunicó con su propietaria y condicionó su devolución al pago de 200.000 pesos, situación que inicialmente dio lugar a una condena por extorsión tentada.

Sin embargo, durante la revisión del proceso, la Procuraduría Primera Delegada para la Casación Penal sostuvo que la conducta carecía de tipicidad objetiva, al considerar que no existió violencia, intimidación o amenaza suficiente para obligar a la víctima a actuar en contra de su voluntad, elementos indispensables para configurar el delito de extorsión.

El Ministerio Público reconoció que el comportamiento de los implicados era socialmente reprochable, pero enfatizó que no reunía los requisitos legales exigidos para una condena por ese delito, por lo que solicitó su absolución.

La Sala de Casación Penal respaldó esta interpretación y dejó sin efecto la condena impuesta contra los dos ciudadanos, al concluir que los hechos no encajaban dentro del tipo penal previsto en la legislación colombiana.

Con esta decisión, la Procuraduría destacó que se fortalece un precedente sobre los límites jurídicos del delito de extorsión, reafirmando los principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad. Además, señaló que el fallo contribuye a garantizar el debido proceso y a evitar sanciones penales cuando las conductas investigadas no cumplen con los elementos que exige la ley para ser consideradas un delito.