Gobierno busca recursos para reconstrucción tras terremoto sin crear nuevos impuestos

El Gobierno Nacional deberá evaluar diferentes mecanismos para financiar la emergencia económica, social y por grave calamidad pública declarada tras el terremoto del pasado 10 de agosto, con necesidades preliminares de recursos estimadas entre $30 y $40 billones, sin recurrir, según los planteamientos expuestos, a la creación de nuevos impuestos.

Entre las principales alternativas analizadas se encuentran la reasignación de recursos públicos, el uso del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), el adelanto de impuestos y la búsqueda de financiación externa. Estas opciones buscan garantizar una respuesta rápida a las necesidades de reconstrucción y atención de las zonas afectadas por el desastre.

La emergencia fue declarada por un periodo de 30 días calendario y cobija a los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. La medida permite al Ejecutivo expedir decretos legislativos y realizar operaciones presupuestales y de crédito público para enfrentar la crisis.

El economista David Cubides señaló que, ante la decisión del Gobierno de no establecer nuevos tributos, será necesario explorar otras fuentes de financiación, entre ellas la relocalización de recursos disponibles y la utilización de mecanismos de ahorro estatal.

El reto se presenta en medio de una situación fiscal compleja. El Gobierno reconoce que durante 2024 y 2025 cerca de uno de cada cuatro pesos recaudados por impuestos fue destinado al pago de intereses de la deuda pública. Además, el Presupuesto General de la Nación de 2026 quedó desfinanciado tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.

El decreto contempla también alivios tributarios temporales para damnificados y contribuyentes de las zonas afectadas, así como la ampliación temporal del mecanismo de Obras por Impuestos. Con estas medidas, el Gobierno busca movilizar recursos, facilitar la recuperación económica y acelerar la reconstrucción de los territorios golpeados por el terremoto.

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