La excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en el Magdalena, Naylea Barros, fue víctima de un atentado armado en Santa Marta, luego de que hombres armados interceptaran el vehículo particular en el que se movilizaba junto a una prima y dispararan contra el automóvil.

Según las primeras versiones conocidas, los atacantes se desplazaban en una motocicleta y, tras accionar sus armas contra el vehículo, emprendieron la huida. Pese a la gravedad del hecho, Barros y su acompañante resultaron ilesas.

Las autoridades iniciaron las primeras investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar los posibles móviles. Entre las principales hipótesis que deberán ser analizadas está establecer si el atentado estuvo dirigido específicamente contra la dirigente política y si guarda relación con su actividad pública.

El caso generó una inmediata reacción de distintos sectores políticos y sociales del Magdalena, que rechazaron el atentado y exigieron resultados de las autoridades. La defensora de derechos humanos Norma Vera solicitó al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, convocar un Consejo Extraordinario de Seguridad para evaluar lo sucedido y definir medidas frente a este hecho.

Asimismo, pidió a la Unidad Nacional de Protección realizar una valoración urgente del nivel de riesgo de Naylea Barros, con el fin de determinar si requiere medidas especiales de seguridad.

Desde el Pacto Histórico, el senador Kevin Gómez y la senadora Patricia Caicedo expresaron su solidaridad con la excandidata y condenaron el ataque. El representante a la Cámara Felipe Hernández también pidió avanzar en una investigación que permita identificar y capturar a los responsables. A estas manifestaciones se sumó el defensor de derechos humanos Lerber Dimas, quien rechazó lo ocurrido y expresó su respaldo a Barros y su familia.

El atentado vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de dirigentes y líderes políticos en Santa Marta y el Magdalena. Mientras avanzan las investigaciones, crece la presión para esclarecer rápidamente el caso, establecer quiénes ejecutaron y ordenaron el ataque y adoptar medidas que prevengan nuevos hechos de violencia política.