La administración municipal de Zona Bananera presentó ante el Concejo un proyecto de acuerdo para solicitar autorización de un cupo de endeudamiento por $10.000 millones, recursos que serían destinados a financiar obras de acueducto en sectores rurales. La iniciativa abrió un debate sobre la capacidad financiera del municipio, el destino específico de los recursos y la necesidad de contratar una nueva deuda frente a las millonarias inversiones que ya se han anunciado para mejorar el suministro de agua potable.

Uno de los principales interrogantes está relacionado con las obras que serían financiadas. La comunidad y los concejales deberán conocer qué veredas y corregimientos serán beneficiados, cuántos habitantes atenderán los proyectos, cuánto costará cada intervención y si estas iniciativas tienen relación o podrían coincidir con obras actualmente ejecutadas por la Gobernación del Magdalena y Aguas del Magdalena.

El debate cobra relevancia tras la inversión anunciada en febrero de 2026 por $11.069 millones para la segunda fase del acueducto regional de Zona Bananera, destinada a beneficiar a más de 20.000 habitantes de San José de Kennedy, Prado, Sevilla y Guacamayal. A esto se suman intervenciones anteriores en Varela, Guacamayal, Orihueca y Tucurinca.

Además, la discusión ocurre luego de que la Contraloría General del Magdalena informara en mayo de 2026 sobre un posible detrimento patrimonial cercano a $999,6 millones relacionado con un contrato del acueducto regional de San José de Kennedy y Sevilla. El proceso continúa bajo investigación y corresponde a las autoridades competentes determinar eventuales responsabilidades.

Otro punto clave será conocer el costo total del crédito, incluyendo tasa de interés, plazo, cuotas, fuente de pago, vigencias futuras comprometidas y el impacto sobre las finanzas municipales. El Concejo de Zona Bananera tendrá la responsabilidad de evaluar la viabilidad técnica y financiera de la propuesta.

Más allá de la necesidad urgente de ampliar la cobertura de agua potable, el debate se centra en garantizar una adecuada planeación, evitar duplicidad de inversiones y asegurar que cada peso financiado mediante deuda se traduzca en obras funcionales para las comunidades.