La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Diana Celedón Sánchez, quien se desempeñó como gerente encargada de la ESE Hospital Departamental San Rafael de Fundación, Magdalena, por presuntas irregularidades en la contratación realizada durante 2023.

La investigación del Ministerio Público está relacionada con cuatro contratos celebrados con un mismo contratista, cuyo valor conjunto asciende a $1.710 millones. El organismo de control busca establecer si se habría presentado un posible fraccionamiento de la contratación con el propósito de evitar un proceso de selección pública.

De acuerdo con el expediente, durante 2023 la entonces gerente encargada habría contratado directamente con SODE Ingeniería S.A.S. dos obras por $580 millones cada una. Los contratos fueron suscritos en enero y abril y tenían objetos similares, relacionados con la reparación y adecuación de las instalaciones del hospital.

Para la Procuraduría, estos hechos deben ser esclarecidos porque podrían corresponder a una misma necesidad contractual que habría podido ser atendida mediante un único proceso de contratación. De confirmarse esa hipótesis, se deberá determinar si con la modalidad utilizada se evitó la aplicación de un mecanismo de selección pública.

La investigación también incluye otros dos contratos de prestación de servicios suscritos con el mismo contratista, por $220 millones y $330 millones, destinados al mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.

Uno de los aspectos que llamó la atención del Ministerio Público es que el segundo contrato habría sido firmado mientras el primero todavía estaba en ejecución. Esta circunstancia también será analizada dentro del proceso disciplinario.

En total, los cuatro contratos investigados representan $1.710 millones y ahora la exgerente deberá ejercer su derecho de defensa y presentar los argumentos y pruebas que considere pertinentes.

La Procuraduría aclaró que la formulación de cargos no significa que Celedón Sánchez haya sido declarada responsable. El proceso continuará con la valoración de las pruebas y, posteriormente, las autoridades determinarán si existió una conducta disciplinariamente reprochable y si corresponde establecer alguna responsabilidad.